Debates - ¿Cuál es el lugar de la economía en el debate electoral?

Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas


¿Cuál es el lugar de la economía en el debate electoral?

Por Julio C. Gambina*

jcgambina@gmail.com

www.juliogambina.blogspot.com



Aunque no sea explícito el debate sobre medidas económicas concretas, es
un hecho que en la campaña electoral de renovación legislativa de junio
del 2009, el medio tiempo de la gestión de Cristina Fernández, se discute
la política económica del gobierno en un marco de crisis de la economía
mundial. Es una disputa por el voto y el consenso de la sociedad sobre el
orden económico, cuando parece agotarse el ciclo de recuperación
desarrollado desde el 2003.

Hay que recordar que el mapa político de la Argentina se modificó
sustancialmente durante el 2008 a propósito de la discusión sobre el
destino de la renta del suelo, especialmente en momentos de
elevadísimos precios de los productos agrícolas de exportación, donde
el país tiene evidentes ventajas comparativas. El ciclo pos
convertibilidad, de crecimiento de la economía y el empleo, más allá
de la calidad laboral y el volumen de los ingresos populares, parece
haber llegado a su límite de expansión. El fantasma de la recesión de
la economía mundial tiñe los pronósticos sobre una desaceleración de
la economía de la Argentina. Lo que preocupa es un horizonte recesivo
y por ello está en discusión la política macroeconómica, en materia
fiscal, monetaria, cambiaria, de oferta y de demanda.

Es necesario mirar en la historia reciente para intentar extraer
algunas enseñanzas. La recesión iniciada en 1998 estableció el final
del crecimiento económico en tiempos de la convertibilidad y habilitó
una disputa sobre el comando económico en el proceso de valorización
local del capital. La disputa era entonces por el tipo de inserción
mundial del capitalismo local. Por un lado se promovía desde el sector
de la banca transnacional y los servicios públicos privatizados una
creciente dolarización de la economía local para intentar atraer
capitales externos vía préstamos o inversiones. Por el otro se
auspiciaba una devaluación monetaria para alentar un modelo productivo
para la exportación que aprovechara la capacidad ociosa instalada en
la industria y las ventajas relativas de la producción primaria y
agroindustrial. Ambos sectores y sus dinámicas de acumulación explican
el crecimiento en la década del 90´ y el apoyo político a las reformas
estructurales impulsadas por Cavallo y Menem. El agotamiento de las
condiciones para la valorización puestas de manifiesto al inicio de la
recesión desató la búsqueda de políticas económicas renovadas que
terminaron imponiéndose con la cesación de pagos a fines del 2001
(Rodríguez Saá) y la devaluación monetaria a comienzos del 2002
(Duhalde), tareas que no se propuso el entonces gobierno de la Alianza
bajo la administración De la Rúa. Ese es el marco del ciclo iniciado
por Néstor Kirchner y Cristina Fernández.

Ahora, parece repetirse la historia con la fractura política entre las
clases dominantes ante los problemas objetivos que se presentan a la
valorización del capital que supone una desaceleración de la economía
y más aún si ello se transforma en recesión. El consenso hegemónico a
la política macroeconómica está asociado en los últimos años a la
capacidad de obtención de ganancias y a la acumulación de capitales,
base de sustento del régimen del capital para la dominación social. El
fin de un ciclo de expansión convoca a la disputa por el excedente y
propicia las rupturas de consensos en el bloque social en el poder.
Emerge así un debate sobre la macroeconomía necesaria. Entre otros
temas se discute qué papel debe asumir el Estado para sostener la
actividad económica, promover el empleo (bajo qué condiciones) y qué
tipo de distribución del ingreso fomentar. No resulta lo mismo
estatizar para luego privatizar, que encarar un proceso de creciente
recuperación de la gestión económica por el sector público, incluso
con participación popular de trabajadores y usuarios. Mucho menos
potenciar la liberalización de la economía empujada por las
transnacionales durante las últimas décadas. Tampoco puede igualarse
el mantenimiento del empleo para un modelo productivo hegemonizado por
el capital concentrado que una promoción del empleo y el trabajo bajo
emprendimientos solidarios, autogestionados, en el camino sugerido
oportunamente por las empresas recuperadas por sus trabajadores. Del
mismo modo que no da lo mismo que la distribución primaria o funcional
del ingreso favorezca al capital sobre el trabajo, o que se mantenga
la inequidad de una distribución personal donde el 10% de mayores
ingresos perciba 30 veces más que el 10% de los de abajo. La
distribución resulta funcional a la modalidad de la producción, siendo
esa la razón para explicar las dificultades para materializar la
reiterada promesa de una distribución progresiva de los recursos. Los
límites en la distribución primaria limitan luego los procesos
secundarios vía asignación de fondos públicos, lo que genera
importantes disputas por el presupuesto estatal.

El discurso electoral

Ante la presunción de fin de ciclo económico es que las distintas
posiciones políticas en las elecciones se vuelcan por las diferentes
opciones de desarrollo económico en el marco de la crisis capitalista en
curso. Son pocos los ortodoxos que sustentan abiertamente el mensaje de la
liberalización, aunque claro, critican la intervención estatal,
especialmente si ello supone involucrar a representantes del Estado en la
gestión empresaria, aún cuando los funcionarios designados sean amigables
con el mundo de las empresas y el capitalismo. Es lo que ocurre luego de
la estatización del sistema previsional. A los capitalistas no les gusta
la interferencia estatal, pues los funcionarios pueden cambiar y por eso
necesitan un discurso político crítico a toda intervención estatal. Es lo
que acontece en el país y en otras latitudes ante la creciente
participación pública para contener la contracción económica en curso.

Pensando en el bloque social en el poder, dos son las posiciones a
sustentar y que necesitan materializarse en candidaturas y mensajes
electorales. Existen posiciones que defienden la inserción
internacional de la Argentina como proveedor de materias primas en el
mercado mundial y otras que sostienen un perfil de desarrollo
productivo exportador asociado a un mercado interno con capacidad de
consumo, tal lo resultante de la política de reactivación implementada
entre 2003 y 2007. Ambos sectores coinciden en el reclamo por la
mejora del tipo de cambio y en la eliminación de las restricciones a
las exportaciones, y claro, demandan correspondencia de los precios
internacionales en el mercado interno, lo que significa un impacto
negativo sobre el consumo de los sectores populares. Estos
posicionamientos sostienen con matices el papel de los subsidios
estatales a las empresas para limitar el impacto regresivo sobre los
salarios y el empleo. No coinciden en la capacidad sectorial para
sostener el superávit fiscal. En general es una discusión entre
candidatos de una oposición por derecha y otros favorables al accionar
del gobierno. La discusión desde el arco de la izquierda sostiene un
discurso crítico sobre la política estatal en materia de organización
de la producción y distribución primaria y secundaria del ingreso,
largamente prometida y recurrentemente postergada. Este mensaje
pretende instalar la discusión sobre la administración de los recursos
naturales, especialmente cuando se anuncia el inicio de Pascua Lama,
un emprendimiento binacional entre Chile y Argentina para la
producción de oro a cielo abierto con importante uso de agua y
cianuro, tal como anuncia la canadiense Barrrick Gold. La impugnación
a la minería a cielo abierto es parte de una objeción a la sojización
y primarización transnacionalizada de la economía en la Argentina.

Los comentados son algunos de los aspectos que pueden observarse en el
debate electoral y que hacen a la organización presente y futura del
orden económico local y el tipo de respuesta ante la crisis mundial
del capitalismo. ¿Alcanza con discursos contra el neoliberalismo
imperante desde los tiempos de la dictadura? Es un interrogante que
nos lleva a pensar en propuestas más allá del capitalismo, tal como lo
sugiere el presidente venezolano ante los varios acuerdos de
cooperación tecnológica suscriptos con el gobierno de la Argentina
para diversificar la producción del país caribeño, que involucra a
institutos oficiales como el INTI y el INTA. Es parte del debate sobre
el orden económico en la Argentina y el tipo de relaciones a fomentar.
Es cierto que se ha producido una multiplicidad de vínculos económicos
con el sistema mundial, favorecido por la especialización primaria
exportadora del país, pero la crisis convoca a definir el privilegio
de las relaciones internacionales. La misma Venezuela ha rechazado el
ingreso de producción transgénica a su territorio, demandando una
articulación productiva de beneficio mutuo de carácter alternativo, en
una ecuación de intercambio de ventajas alimentarias y energéticas
entre los países. Un abanico de candidatos promueve el
restablecimiento de las relaciones con el establishment global,
encarnado en el FMI, el sistema financiero global y los cónclaves
internacionales hegemonizados por el poder global. Otros aspirantes al
poder legislativo promueven la potencia de las relaciones con los
vecinos y especialmente con el rumbo socialista definido por la
revolución bolivariana, privilegiando así una desconexión de vínculos
con aquellos países que definen el origen de la crisis en curso.

No son temas menores los suscitados, pues con el crecimiento de los
precios internacionales de los productos agropecuarios en el último
tiempo se habilitó la discusión sobre la apropiación de la renta
extraordinaria y el impacto sobre los precios en el mercado interno.
Aún con la baja sufrida por esos precios y su reciente repunte, se
renueva la discusión sobre el modelo productivo y la distribución del
ingreso, funcional al mismo. El tema tiene que ver con la seguridad
alimentaria de la población local y regional, y el aporte de la
Argentina para resolver el problema de alimentación de la población
global. De lo contrario se confirmará al país como parte del eslabón
de negocios del complejo biotecnológico que domina el negocio de la
alimentación en el mundo. En particular, en la coyuntura, se asocia
con la carne y el trigo, dos producciones tradicionales de la
Argentina. La población argentina es la de mayor consumo per cápita de
carne vacuna en el mundo, siendo parte sustancial de la dieta y la
cultura alimentaria, especialmente de sectores de menores recursos. El
consumo de carne vacuna está en 68 kg por año, contra 44 de EEUU ó 55
de Uruguay. Por su parte, la ingesta de sustitutos está muy alejada,
con 26 kg anuales de pollo por persona; ó 6,2 kg de cerdo; y menos de
2 kilos de pescado. Lo cierto es que luego de un ciclo de crecimiento
económico con recuperación del empleo, más allá del nivel de los
salarios y las condiciones precarias de contratación, creció el
consumo de carne en un marco descendente de la producción debido a
otras opciones asumidas por los productores, privilegiando la
extensión de la siembra, especialmente de soja. Existe presión de los
productores y exportadores para eliminar las restricciones a la
exportación y percibir en el mercado interno el precio pleno del
mercado mundial. Presionan con la amenaza de la importación para
abastecer el mercado interno. Más que importar carne, la Argentina
tiene que discutir el modelo productivo que viene privilegiando la
soja y el feed lot (producción a corral) con fortísima dependencia del
capital externo en el manejo de los insumos y los montos de inversión
necesarios para operar a gran escala. Con el trigo ocurre algo
similar. Es parte del mismo problema. La siembra ha sido menor que la
extensión record de los últimos años y eso se refleja en menores
niveles de producción que afectan el abastecimiento del mercado
interno.

Lo que se discute es el modelo productivo en el sector agrario e
industrial, es decir, quién decide que producir, que exportar y como
se abastece las necesidades del mercado local. Es lo que reclama el
conflicto social para recuperar la capacidad de compra del salario, o
por mejorar las condiciones de trabajo. Se discute la soberanía
alimentaria de la población y su integración al sistema mundial. Están
quienes presionan para recibir los beneficios del crecimiento de los
precios internacionales, nuevamente en alza aunque no tengan el techo
que alcanzaron durante el 2008 y pretenden apropiarlo privadamente.
Distinto es lo que se sugiere en la creciente cooperación venezolana y
Argentina, tal como resulta de los acuerdos suscriptos la semana
pasada entre los presidentes de ambos países, donde instituciones de
prestigio como el INTI y el INTA acrecientan la cooperación con la
necesaria diversificación productiva de Venezuela. Aunque no sea parte
del debate corriente en la campaña electoral, son asuntos que la
sociedad necesita instalar en la agenda de discusión sobre el orden
económico en la Argentina.

Buenos Aires, 17 de mayo de 2009

* Profesor titular de Economía Política en la Facultad de Derecho de la
Universidad Nacional de Rosario. Presidente de la Fundación de
Investigaciones Sociales y Políticas, FISYP. Integrante del Comité
Directivo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO