Aportes del
Colectivo de Izquierda
al 1º ENECPRRII
Encuentro Nacional de Estudiantes de Ciencia Política y Relaciones Internacionales
UBA, abril de 2011.
Intervención en el panel “Latinoamérica: Estado y crisis”
Volver a discutir el Estado
Fue tal la fuerza hegemónica de las políticas neoliberales en América Latina, que ellas impusieron también las formas y los límites para pensar la resistencia. Así, todo análisis de la complejidad de lo estatal cedió su lugar al resignado elogio de una política que ya no discutía más que en los márgenes. Desde las izquierdas acudimos en masa al recurso de dar por perdida la reflexión sobre el Estado y pasar a pensar en formas de lucha que se situaran por fuera, a veces de manera antagónica al Estado y muchas otras aspirando a ni siquiera tomar contacto con él, a pesar de la imposibilidad de esto en las sociedades modernas. No es aquí el lugar para detectar las incongruencias teóricas de esos proyectos ni de criticarlos desde otro momento histórico en que parece fácil detenerse en sus falencias. Pero sí cabe señalar que la fuerza del neoliberalismo estuvo en imponer los sentidos de la práctica política, los tonos de los discursos que podían decirse (y los que no).
Por fortuna, los tiempos han cambiado. Los pueblos latinoamericanos se levantaron y lograron importantes cambios, inscribiendo profundas modificaciones en las fisonomías de los Estados de la región. Con todas las particularidades que remiten a la historia específica de cada país, a los sectores sociales que se activaron, a su organización y capacidad de incidencia, y a otros tantos factores, se ha construido otro mapa político en la región, y eso debe ser celebrado. Y deben ser pensadas minuciosamente las consecuencias teóricas y políticas de este presente. El “retorno” del Estado es el gran saldo teórico de estos tiempos, que habilitan con ello a reflexionar sobre la necesidad de una instancia de articulación política, sobre su carácter contradictorio, y sobre sus límites y potencialidades para la construcción de estrategias políticas emancipatorias. Políticamente, asistimos a un momento histórico en la región. En toda su complejidad y en todas sus singulares expresiones, el proceso político contemporáneo es de una riqueza que costaría encontrar en la historia reciente de la región, al menos en las últimas cuatro décadas.
Por supuesto, es también complejo y contradictorio, y en ese marco los proyectos populares avanzan, pero también encuentran escollos. Ello supone la existencia de señales confusas, de procesos profundamente plagados de tensiones, en fin, de una sustantiva incomodidad para encontrar la claridad que brindaran las ideas preconcebidas. Por todo ello, es importante asistir a esta época y protagonizarla, señalar y debatir incansablemente las críticas y la necesidad de profundización. En un contexto de una rica y variada activación popular plasmada de modo complejo y contradictorio en los gobiernos de la región, es imperioso no caer en la histórica tentación de ponerse por fuera del proceso histórico real, ni lamentarse del hecho de que sería más fácil hacer política si las cosas fueran más claras.
(Martín Cortés)
Entrevista a Atilio Boron
P: ¿Qué aportes se están haciendo hoy desde las ciencias sociales, y desde la ciencia política en particular?
Atilio Boron: Creo que habría que hacer una distinción de lo que serían, por un lado, las corrientes que constituyen el mainstream, es decir, las corrientes hegemónicas en el mundo de las ciencias sociales, y por el otro, lo que podríamos ubicar en los márgenes o fuera de esa corriente, que es lo que yo llamo el pensamiento crítico. Si vamos a analizar las primeras, es decir, las expresiones del pensamiento más convencional, me parece que no ha habido un aporte demasiado significativo para la comprensión de lo que está pasando en América Latina.
El mainstream ha insistido mucho en los temas de carácter institucional, que no voy a negar la importancia que tienen, pero me parece que son visiones muy fragmentadas, fragmentarias, y parciales de la realidad. No es para minimizar la importancia del perfeccionamiento institucional, pero me parece que cuando eso lo ubicamos en el cuadro más específico de los procesos emancipatorios que hoy están en curso en América Latina, no es mucho lo que nos aporta para comprender esos fenómenos.
Lo mismo sucede con el énfasis puesto en los partidos políticos, en la dinámica partidaria, que nuevamente, es importante, pero si analizamos los casos más interesantes hoy de América Latina, donde están pasando cosas, por ejemplo la experiencia de Venezuela, Ecuador y Bolivia, en esos tres casos, nada de lo que dice la teorización tradicional acerca de los partidos políticos tiene mucha relevancia.
P: ¿Qué lugar le ocupa hoy a los intelectuales en América Latina?
AB: Creo no hay un solo lugar. Me parece muy buena la concepción de Noam Chomsky, quien entiende que el papel del intelectual es decir la verdad y denunciar la mentira. Creo que esto es una guía muy clara, decir la verdad siempre y denunciar la mentira siempre te coloca en una posición muy incómoda con el poder. En países como la Argentina, decir la verdad en la década del setenta costó la vida de mucha gente. Osea que decir la verdad no es siempre sencillo. Además lleva a enemistarse con los factores de poder, no sólo con el Estado, sino también con el establishment económico, lo cual hace que el intelectual que opte por decir la verdad y denunciar la mentira sea una especie de paria en su tierra, que de alguna manera es la condición en la que se encuentra gran parte de los intelectuales en Argentina. El mundo de lo privado ofrece una alternativa que muchos han recorrido, teniendo así a los grandes medios de comunicación a su favor y alcance. En otros países esto se complementa con una atracción de los intelectuales desde el Estado.
En definitiva, no se debe estar muy lejos del poder, ni muy cerca, porque sino no se lo puede interpelar. Es un juego muy delicado que no todos los intelectuales pueden resolver muy adecuadamente y eso es un problema serio en un continente como este que está muy influido por las modas intelectuales, producto de esta larga historia colonial que tenemos. O se es muy dependiente del Estado y allí no se puede ser crítico del gobierno, o dependiente de los privados quedando en una posición de complicidad de sus fechorías. Por ello el espacio de los intelectuales queda muy acotado.
Palabras hacia el Taller “Nuevos abordajes de la Ciencia Política: Ecología Política”
En las últimas décadas, la problemática ambiental se ha hecho presente en todas las dimensiones de la política. Al mismo tiempo, su impacto en las reflexiones de las ciencias sociales aparece marcadamente difuso, y resulta especialmente indeterminada, ante la falta de referencias teóricas establecidas.
La particularidad de la especie humana, en el conjunto de la naturaleza, es que las determinaciones más generales de sus relaciones con el medio natural están constituidas y mediadas por relaciones de poder, es decir, son primordialmente de naturaleza política.
En el actual momento del capitalismo, los conflictos medioambientales y las nuevas formas de resistencias sociales cobran relevancia frente a la globalización del comercio y la lógica del modelo de acumulación capitalista, que ponen un eje fundamental en la especialización productiva de los territorios y la extracción de recursos naturales. De esta manera, las actuales discusiones sobre la integración regional, las relaciones internacionales y el propio análisis de políticas públicas, contienen una dimensión medioambiental ineludible.
Esta paulatina introducción de los conflictos naturales en la agenda política, junto a los cambios denotados propios del proceso de globalización nos exigen revisar los cambios en la conformación tanto del Estado como de los diversos espacios de problematización social, al tiempo que nos enfrenta a comprender las nuevas articulaciones que se desarrollan entre ambos.
Hay quién propone a la Ecología Política como el estudio de los conflictos de distribución ecológica, siendo, por lo tanto, una conjunción de perspectivas de la Economía Política y de la Ecología Humana (Joan Martínez Allier). Otros, en cambio, la asimilan a un diálogo tenso entre Historia y Biología, y localizan su reflexión en el espacio que se refiere más propiamente a la tradición del campo antropológico (Arturo Escobar). Desde nuestro punto de vista, la reflexión de la Ecología Política sería mejor formulada como problemática de la Ciencia Política, en tanto en el centro de la relación Sociedad - Naturaleza está el Poder.
En este marco de múltiples miradas, se propone a la Ecología Política como un espacio de encuentro de diferentes campos intelectuales, no tanto como una nueva sistematización disciplinaria, sino como un diálogo plural entre tradiciones científicas, reflexiones del pensamiento social y recuperación de prácticas históricas de actores y movimientos sociales y políticos.
(Tamara Perelmuter y Carla Poth)
Entrevista a Federico Schuster
P: ¿Cuáles son los desafíos de la Ciencia Política hoy?
Federico Schuster: La Ciencia Política es una disciplina que se consolidó en su desarrollo teórico y metodológico durante la segunda mitad del siglo XX. Desde una perspectiva conductista y empirista evolucionó progresivamente hacia un abordaje más complejo de los hechos. Sin embargo, su institucionalismo por momentos extremo no le ha permitido ver muchas veces la importancia de los procesos sociales que están a la base o interactúan con los políticos. En tal sentido, ese es un desafío presente de enorme importancia, el de poder vincular lo que acontece en el terreno de las instituciones políticas con los hechos y procesos sociales. Acciones colectivas y movimientos sociales, por ejemplo, son actores ya políticos ya de impacto político. Una teoría más compleja y una mayor apertura a los resultados de la Sociología resultarán necesarios para comprender y explicar los procesos sociales de influencia política.
P: ¿Cuáles son los problemas o limitaciones de la Ciencia Política para enfrentar esos desafíos?
F.S.: Hay tres limitaciones que afectan a la Ciencia Política para enfrentar esos desafíos. La primera ya ha sido mencionada más arriba y tiene que ver con ser una disciplina que tendió a restringir en sus análisis empíricos (y en su teoría empírica, por supuesto, aunque no necesariamente en su teoría filosófica) el concepto de política a aquello que cabe en las instituciones. Con centro en el estado y los partidos políticos (incluyendo formas y procesos, como régimen de gobierno, elecciones, etc.), en general ha tenido a los sindicatos como límite con el orden de lo social. Es necesario entonces asumir un uso más amplio de política, para incluir los procesos sociales de contenido o influencia política. Lo que nos lleva a la segunda limitación, que no es exclusiva de nuestra disciplina, sino de todas las ciencias sociales. Se trata de pensar espacios disciplinares más abiertos, donde las fronteras entre las disciplinas no sean absolutas. En la teoría, muchos autores lo han planteado amplia y claramente (quizás los trabajos de I. Wallerstein sean de los mejores ejemplos en tal sentido) y en la práctica muchas veces se hace de hecho, pero en general las disciplinas sienten la necesidad de cerrarse sobre sí para defender su identidad. Es entendible, pero el resultado puede ser muchas veces negativo. Finalmente, y de algún modo en relación con las limitaciones anteriores, debe decirse que la Ciencia Política ha tendido muchas veces a definir a la política como un subsistema social, aislándolo del conjunto de las relaciones sociales. Esto es parcialmente cierto, por la creciente diferenciación racional a que condujo el desarrollo capitalista del siglo XX, y que ha sido vastamente teorizado y estudiado. Sin embargo, transformar el análisis razonable de un proceso de complejización creciente y hasta un aislamiento analítico de los factores (subsistemas o esferas) en ese proceso, en una cosificación de las diferencias convierte al tal proceso complejo en una simplificación excesiva.
Algunas palabras para facilitar el Taller:
“Otra orientación para las orientaciones:
repensando las Relaciones Internacionales”
¿Qué son las relaciones internacionales? Una primera respuesta es: son las relaciones inter-nacionales, entre naciones, es decir, entre Estados-nación. Es algo obvio pero no es un dato menor. La actual forma de encarar las RRII es poniendo el foco en el estudio de los Estados-nación en el marco global. El problema es que al ser el Estado el punto de partida, se pierde la posibilidad de poner en cuestión de dónde sale ese propio Estado, y qué tipo de relación éste tiene con, por ejemplo, la sociedad civil y la economía global. Estas no son cuestiones que las RRII tengan intención de abordar; más bien, son dejadas para la sociología y para la economía, y todo lo que tenga que ver con la crítica es desechado hacia la filosofía política.
Desde esta base se desprende el tipo de estudios que encara esta disciplina: a) el eje de análisis se construye sobre los conflictos internacionales, entendidos éstos como conflictos entre Estados, que deben tener respuestas desde los Estados; b) la sociedad civil (por ejemplo, las empresas transnacionales o las organizaciones sociales) aparece con un rol secundario en el análisis, y no se explica cuál es la relación entre ésta y el Estado: ¿se trata de una relación interna ? ¿o una afecta externamente al otro? Más bien se quedan con la segunda respuesta; c) el estudio de las instituciones internacionales parece ceñirse a la ONU, sin ver las nuevas instituciones que hoy pueden ayudar a explicar el momento de la globalización capitalista; d) la crisis internacional es desatendida, y si aparece es como algo negativo que debe ser resuelto por la economía (claramente, desde los Estados); e) también la integración regional es explicada como una cuestión de Estados, perdiendo la dimensión social de los procesos, la cual sólo aparece como inputs para la política exterior.
Las RRII parecen entonces no brindar las herramientas para analizar la política internacional más allá del Estado-nación. Probablemente, unas RRII críticas deberían poner en cuestión la propia existencia de esta disciplina como separada del resto de las ciencias sociales, intentando tener su propio objeto de estudio, y sin ver la relación interna entre los conceptos.
Es por eso que proponemos algunas preguntas disparadoras:
1) ¿se puede pensar desde las RRII la actual coyuntura latinoamericana? ¿por qué?
2) ¿sirven las herramientas que hoy se brindan para comprender el momento de la acumulación global del capital?
3) ¿qué nuevas perspectivas podrían ser incorporadas para ampliar el foco de esta disciplina?
(Luciana Ghiotto)
Intervención en el Panel
¿Qué ciencia para qué política?
Un debate epistémico.
Recuperar hoy el legado de Maquiavelo y Gramsci
Si Nicolás Maquiavelo y Antonio Gramsci resultan pensadores clásicos de la política, ello se debe a que -parafraseando a Italo Calvino- “no han terminado de decir aquello que tenían para decir”. Ambos continúan hablándonos, aunque no tanto sobre su época como acerca de la nuestra. Siguen formulando interrogantes y sugiriendo problemas en torno a nuestro presente, que sólo nosotros, desde éste hoy tan complejo y dramático, podemos responder. Sus ideas, por lo tanto, siguen motivando a la reflexión y a la acción, pero especialmente a una recuperación de su herencia que lejos de resultar pasiva y literal, debe ser ante todo crítica y militante. Una relectura que a la vez apele a un riguroso ejercicio de traducción, en el sentido etimológico y polisémico de este término: simultáneamente remite a tradición (vale decir, a rescatar del olvido), a traición (la cual resulta siempre implícita y hasta necesaria en toda interpretación) y transición (hacia algo renovado que escamotee la mecánica repetición).
En primer lugar habría que decir que si a grandes rasgos en la larga tradición de la teoría política han existido y existen dos visiones generales y contrapuestas -las que apuestan a perpetuar el orden social y aquellas que se inclinan por una construcción política alternativa y crítica de lo existente- tanto Maquiavelo como Gramsci se ubican claramente en la segunda perspectiva. De ahí que podamos llamarlos a ambos filósofos de la praxis, esto es, pensadores revolucionarios que amalgamaron teoría y acción, análisis exhaustivo de la realidad y proposición apasionada de cómo trascenderla. A contrapelo del sentido común dominante en la academia, que nos pretende enseñar a un Maquiavelo y un Gramsci científicos y desvinculados del “deber ser”, fríos analistas de las sociedades de su época, es preciso recuperar a estas figuras en todas su dimensión. El propio Gramsci llegó a expresar que El Principe no constituía un tratado escolástico y que el elemento “racional y doctrinario” no resultaba el único ni el principal a destacar de la obra maquiaveliana. Por el contrario, en sus póstumos Cuadernos de la Cárcel afirmó que se debía entender a aquel libro como “viviente”, en la medida en que lograba fusionar de manera original el sentir y el saber, la febril pasión y la reflexión crítica, la ciencia y la política, el mito movilizante y la capacidad de análisis histórico. Por ello no temió en considerar a Maquiavelo como el verdadero fundador de la filosofía de la praxis, en la medida en que logró articular dialécticamente teoría y práctica, crítica y propuesta, pensamiento y actividad transformadora, anhelos y estrategias para concretizarlos en la realidad.
A Gramsci le parece fundamental no omitir la faceta militante y crítica del florentino. La obra de Maquiavelo, a contrapelo de las erróneas lecturas de su época, no constituía un inmoral recetario de consejos para Príncipes gobernantes, sino un discurso crítico con respecto a estas prácticas. Irónicamente, se podría afirmar que Maquiavelo es “anti-maquiavélico”: da a conocer los artilugios y secretos de cómo dominan y construyen su poder los sectores gobernantes. Entonces la pregunta que cabe hacer es ¿para quién escribe Maquiavelo? Gramsci responderá que le habla y escribe a los que “no saben”, es decir, al pueblo emergente en aquella coyuntura histórica tan particular. Su propósito último era lograr la unidad territorial y política de su país, a través de la formación de un Estado secular moderno, que discipline tanto a los nobles feudales como a la Iglesia, conformando en paralelo un ejército no mercenario y de tipo nacional. Y la figura que debía realizar tamaña tarea se encarnaba en el “Príncipe”.
Pero además, Gramsci postula que más allá de los siglos transcurridos, el dotar de cohesión nacional a los sectores populares constituye una tarea aún pendiente. Sin embargo, dirá, esta labor ya no puede realizarla una persona o individuo (el Príncipe), sino que debe ser encarada por una organización colectiva. Y en el contexto contemporáneo en el que él escribe, y desde la perspectiva emancipatoria, los grupos subalternos a los que se debía unificar eran la clase obrera del norte de Italia, y los campesinos del mezzogiorno. Así pues, el rol prioritario de este Príncipe Moderno era romper el aislamiento en el que se encontraban sumidos los sectores populares a lo largo y ancho de Italia, dotándolos de cohesión y fortaleza ideológica y política. Y dentro de él, los “intelectuales orgánicos” están llamados a articulanr sus conocimientos teóricos (en tanto “especialistas”) con su capacidad organizativa (de dirección política y cultural). Pero este tipo de intelectual debe poder combinar dialécticamente este saber con el sentir popular, de manera tal que se vaya configurando una nueva concepción del mundo, opuesta a la dominante. En última instancia, para Gramsci de lo que se trata es de articular la sana espontaneidad de las masas, con la dirección consciente que aporta esta intelectualidad crítica, que desde ya no opera como un agente externo a los sectores en lucha, sino en tanto núcleo inmanente y de avanzada que contribuye a dotar de mayor coherencia y organicidad a los diversos grupos que pugnan por trascender el orden social capitalista. Recuperar hoy este legado, implica repensar el vínculo entre ciencia y política en los términos de un necesario análisis crítico de la realidad, que no se desvincule de la vocación transformadora que debe motivarnos a actuar sobre ella para trascenderla, desde una perspectiva emancipatoria y en diálogo permanente con los sectores subalternos que pugnan por construir un mundo más justo.
(Hernán Ouviña)
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jueves, 28 de abril de 2011
domingo, 10 de enero de 2010
Debates - Lo que la teoría hegemónica en la ciencia política no quiere ver Invisibilizando golpes de estado, por Atilio Boron
Lo que la teoría hegemónica en la ciencia política no quiere ver
Invisibilizando golpes de estado
Atilio A. Boron
Rebelión
La Corporación Latinobarómetro, basada en Santiago de Chile, publica todos los años un informe resumiendo sus investigaciones comparativas sobre el estado de la opinión pública en dieciocho países de América Latina y el Caribe.1 Para estupefacción del lector el Informe 2009 se abre, en su página 3, con una cita que dice textualmente lo siguiente: “En el año 2009, América Latina sufre por primera vez un golpe de estado después de 31 años, desde que se inaugurara la democracia en lo que ha sido llamado ‘la tercera ola de democracia’ ”.
¡El primer golpe en 31 años! Esta increíble afirmación no es tan sólo un notable error historiográfico sino un síntoma de algo mucho más profundo, revelador de las insanables limitaciones de la concepción teórica y metodológica hegemónica en las ciencias sociales de nuestros días, de inspiración anglosajona. Las páginas que siguen tienen por objeto traer a la memoria lo que el saber convencional aparta convenientemente a un lado. En este caso, los golpes de estado. A los efectos de corregir tan distorsionada visión de la realidad política regional ofrecemos a continuación un breve racconto sobre los golpes de estado que se perpetraron en América Latina y el Caribe en estos últimos 31 años.
11 de Abril del 2002: golpe de estado en la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de que se mintiera a la población anunciando que Chávez había renunciado (cosa que también se hizo en el caso de Mel Zelaya durante el golpe hondureño), siendo que, en verdad, aquél se rehusó valerosamente a firmar la carta de renuncia que los golpistas le habían preparado, se convocó de urgencia a una reunión en el Palacio de Miraflores para ungir como presidente de Venezuela al líder de la organización empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga (alias “Pedro el Breve”). Allí se procedió a dar lectura al Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, nombre tan pomposo como mendaz con el que se pretendía disimular al golpe de estado presentándolo como una rutinaria sucesión institucional ante la misteriosa ausencia del primer mandatario. Ese despótico engendro, pergeñado por los inmaculados custodios de la democracia venezolana y aplaudido por Bush, Aznar y compañía, ponía en manos del efímero usurpador amplísimos poderes que no demoró en llevar a la práctica: de un plumazo Carmona derogó la constitución bolivariana, disolvió al Poder Legislativo y destituyó a todos los diputados a la Asamblea Nacional, suspendió a los magistrados del Poder Judicial, al Fiscal General, al Contralor y al Defensor del Pueblo y concentró la suma del poder público en sus manos.
Una vez que fuera leído tan ignominioso documento se invitó a los concurrentes a refrendar el triunfal retorno a la democracia. Entre los firmantes sobresalen los nombres –hundidos para siempre en irredimible deshonor- del Cardenal Ignacio Velasco, santo varón que para desgracia de los cristianos presidía los destinos de la Iglesia Católica en Venezuela; Carlos Fernández, vicepresidente de Fedecámaras; Miguel Angel Capriles, en representación de los medios de comunicación privados (que engañaron a la población desinformando sistemáticamente lo que estaba ocurriendo, con total impunidad); José Curiel, secretario del la democracia cristiana venezolana (COPEI); Manuel Rosales, por ese entonces Alcalde de Maracaibo (prófugo de la justicia acusado de numerosos delitos de fraudes y estafas, amparado y protegido en estos días por el gobierno de Alan García en el Perú); Julio Brazson, presidente de Consecomercio; Ignacio Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria; Luis Henrique Ball, presidente del Consejo Empresarial Venezuela-Estados Unidos; el general retirado Guaicaipuro Lameda, ex presidente de Pdvsa. Luego de la firma se procedió a tomar juramento a Carmona Estanga, dándose así por constituido el nuevo gobierno robustecido por el pleno respaldo de la “sociedad civil”, supuestamente congregada en la sede del gobierno venezolano y representada por ilustres personeros como los arriba nombrados.
Es decir, allí hubo un golpe “con todas las de la ley” que, tiempo después y con Chávez ya repuesto en el Palacio Miraflores, fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia en una insólita decisión en la que se señalaba que Carmona Estanga había asumido el cargo debido a que en Venezuela se había producido un “vacío de poder”. Claro que esta curiosa teoría tenía un efecto práctico nada desdeñable: gracias a ella se eximía a los implicados de ser procesados por su participación en el golpe de estado, su impunidad consagrada gracias a una sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia del país. Por otra parte, si la palabra “golpe” no apareció en el discurso político de esos días fue por otras dos muy convenientes razones. Primero, porque siempre y en todo lugar los golpistas rehúsan a reconocerse como tales, como violadores de la legalidad institucional y la legitimidad política: prefieren autocalificarse como “gobiernos provisorios” surgidos de la necesidad de restaurar un orden supuestamente destruido (o amenazado) por un líder demagógico o por la movilización popular. En la Argentina de 1955 el golpe de estado que acabó con el gobierno de Juan D. Perón se autoidentificó como “Revolución Libertadora”; por su parte, la dictadura genocida de 1976 se refería a sí misma con el pomposo nombre de “Proceso de Reorganización Nacional.” En otros casos, los golpes se ocultan bajo nobles y patrióticas consignas como “Gobierno de Reconciliación Nacional”, “Gobierno de Salvación Nacional” u otras por el estilo. En segundo lugar, porque si se caracterizaba a lo ocurrido como un golpe se erigía un serio obstáculo para lograr el reconocimiento internacional del nuevo gobierno, debido al repudio generalizado que los golpes de estado suscitan en las nuevas democracias latinoamericanas y, en menor medida, al peso que había adquirido en nuestra región la Carta Democrática Interamericana. O sea, se optó por montar una farsa (como luego se haría en el caso hondureño) al hablar de un “gobierno de transición” o un “interinato”, eufemismos utilizados para no llamar al golpe de estado por su verdadero nombre.
De hecho, esta tergiversación semántica facilitó que el nuevo gobierno fuese inmediatamente reconocido por George W. Bush y José María Aznar, dos personajes que, parafraseando a George Bernard Shaw, tienen tanta relación con la democracia como la música militar con la música. No sólo eso: apenas producido el golpe el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, señaló que la causa de la crisis era la polarización política y la conflictividad social inducida por las políticas de Chávez y que en las semanas previas al golpe funcionarios estadounidenses se habían reunido con Pedro Carmona (“el empresario que sucedió a Chávez”, según la tramposa caracterización de Fleischer) y con numerosos conspiradores civiles y militares para conversar sobre este asunto. El colofón de todas estas artimañas se conoció el mismo 12 de Abril, apenas unas horas luego de concretado el golpe, cuando Bush y Aznar dieron a conocer una insólita declaración conjunta en la que sostenían que “los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo”. Ambos mandatarios además manifestaban “su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas” a la vez que expresaban “su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela y su deseo de que la excepcional situación que experimenta ese país conduzca en el plazo más breve a la plena normalización democrática”. Es más, poco antes de que Carmona prestara juramento, la Presidencia española de la Unión Europea -anteponiendo sus afinidades con los golpistas a los principios democráticos de los que la Unión Europea se reclama fiel representante- emitió una declaración oficial en la que “manifiesta su confianza en el gobierno de transición en cuanto al respeto de los valores e instituciones democráticos, con el fin de superar la crisis actual”.2 Este autor, asesor parlamentario de Izquierda Unida en España, también asegura que Madrid y Washington habían reconocido que sus representantes en Caracas mantuvieron contacto continuo y una estrecha coordinación en los días previos y durante el golpe. El 13 de abril, el embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, junto al embajador de Estados Unidos, Charles S. Schapiro, acudieron juntos para entrevistarse personalmente con el presidente del así llamado “gobierno provisional” después que éste disolviera la Asamblea y avasallara la Constitución. Fueron los únicos diplomáticos que se entrevistaron con Carmona, avalando sin tapujos todo lo actuado por los golpistas.
El golpe ahora desaparecido de la vista de los lectores del Informe Latinobarómetro 2009 no sólo contó con el apoyo de Estados Unidos y España. También obtuvo la aprobación de algunos otros gobiernos: Colombia, presidido entonces por Andrés Pastrana, y El Salvador, por Francisco Flores. El golpe se produjo mientras tenía lugar en San José, Costa Rica, la XVI Cumbre del Grupo de Río. Los presidentes allí reunidos consensuaron una tibia declaración en donde se condenaba la “interrupción del orden constitucional” (falaz argumento que años después utilizaría la Secretaria de Estado Hillary Clinton para referirse a lo ocurrido en Honduras) cuidándose con esmero de emplear la expresión “golpe de estado”.
Si no se esperaba otra cosa de Bush y Aznar, la desagradable sorpresa la produjo la reacción del gobierno chileno ante los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Venezuela. El presidente Ricardo Lagos declaró en San José que “lamentamos profundamente los hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas. Instamos también a la normalización de la institucionalidad democrática, pero al no tener el cuadro completo de situación le pedimos a la OEA que sea la encargada de hacer una evaluación del asunto”, al paso que agregaba que “tal como se ven las cosas hasta el momento "sería apresurado hacer declaraciones concluyentes”. 3 Pero la Canciller chilena, Soledad Alvear, de rancia prosapia demócrata cristiana, vio las cosas de otra manera y atolondradamente emitió un venenoso comunicado que, siguiendo puntualmente la línea establecida por la Casa Blanca, acusaba de los hechos de violencia y alteración de la institucionalidad al depuesto presidente Hugo Chávez. De este modo, el supuesto “gobierno modelo” de las transiciones democráticas de América Latina reprendía a la víctima y se alineaba claramente con el victimario. El vergonzoso mensaje de Alvear –¡jamás repudiado o desautorizado por Lagos!- decía textualmente que “el gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática con un alto costo de vidas humanas y de heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”.
En otras palabras, la cancillería chilena culpaba al gobierno de Chávez de violar la institucionalidad democrática y cargaba las tintas sobre un pasaje de la declaración del Grupo de Río que condenaba la “interrupción del orden institucional en Venezuela generada por un proceso de polarización”, proceso que se atribuía exclusivamente al gobierno bolivariano. El propio Lagos declaró, todavía en San José, que “se condena el hecho porque hubo una interrupción del orden constitucional. Ese es un hecho. Pero, por otra parte, nos parece muy importante la capacidad que tengamos de colaborar con las nuevas autoridades para salir adelante”, una manera muy sutil de reconocer a los golpistas. Y ese era el otro hecho: el golpe de estado. Pero de ese hecho Lagos no habló. Obediente a ese llamado a la colaboración formulado por su presidente, el embajador de Chile en Venezuela, Marcos Álvarez, no se demoró en hacer explícito su respaldo a los golpistas destacando que “el nuevo Presidente tiene una excelente relación con Chile”. En línea con las declaraciones de sus superiores se negó a calificar a la destitución de Chávez como un golpe de estado. Apenas unas horas después del arresto de Chávez dijo textualmente a varios medios de su país que “aquí no se ha hablado de golpe de estado. No lo ha habido (...) Hoy me asombra la tranquilidad y civilidad de este pueblo empapado de democracia durante 40 años. Las democracias, sabemos, también son imperfectas, pero son democracias al fin y al cabo”. Tiempo después Santiago procuraba despegarse de los dichos de su embajador y le solicitaría a Álvarez su renuncia al cargo. Pero el daño ya estaba hecho. 4
Cabe preguntarse: ¿por qué los redactores de Latinobarómetro pasaron por alto un golpe de estado como el que efímeramente triunfara en Venezuela? No tenemos elementos para dar una respuesta definitiva aunque sí podemos arriesgar una conjetura, que es la siguiente: porque en la visión ofuscada e ideológicamente sesgada del pensamiento convencional de las ciencias sociales, pensamiento al cual adhieren los redactores del Informe, en Venezuela no hubo un golpe de estado sino una breve escaramuza institucional que fue resuelta en 48 horas. Claro que esta opción no es inocente porque al interpretar las cosas de esta manera se vela el accionar de la derecha, los golpistas, y la coalición reaccionaria que no vaciló en engañar al pueblo, asesinar a inocentes en la masacre de Puente Llaguno y quedar a un paso de producir un magnicidio, con las imprevisibles consecuencias que esto podría haber acarreado para la sociedad venezolana. Se oculta también un hecho que la historia confirma una y otra vez: que si la democracia logró consolidarse fue siempre y en todas partes a pesar de la oposición –a veces pacífica pero en muchos casos violenta- de la burguesía y la derecha política. Y que cuando aquella amenaza desbordar los muy estrechos límites de la democracia burguesa aún la derecha “más institucional y legalista” -caracterización que con harta ingenuidad se le atribuía a la derecha chilena a comienzos de los años setentas- no vacila en arrojar por la borda todos sus escrúpulos y apuesta todas sus cartas a la recomposición violenta del orden amenazado. Tal como Marx lo apuntara en un célebre pasaje de El 18 Brumario de Luis Bonaparte , la burguesía siempre preferirá “un final con terror al terror sin fin” materializado en el constante avance de los plebeyos y la amenaza a sus riquezas y privilegios. Esa fue la opción de la derecha chilena (incluyendo, obviamente, a la hipócritamente centrista y legalista Democracia Cristiana) el 11 de Septiembre de 1973 y esa fue también la opción de la derecha venezolana el 11 de Abril del 2002. Sólo que en este último caso la reacción popular le quebró la mano a los golpistas. Cosas como estas no pueden ser dejadas de lado en ningún análisis riguroso sobre la vida política de nuestros países. En estos casos, el silencio tiene un insoportable olor a complicidad.
La larga saga del golpismo latinoamericano
Pero, ¿fue el que se produjo en la República Bolivariana de Venezuela el único golpe que ignoraron los redactores del informe? Un breve recuento, sumario in extremis, indica que no. Que en realidad en los últimos 31 años hubo varios más.5 Entre ellos, sobresalen los siguientes, también olvidados, y que apenas mencionaremos aquí.
El Salvador 1979
El 15 de Octubre de 1979 se produce el golpe de estado que depone al gobierno conservador del general Carlos Humberto Romero e instala una autotitulada Junta Revolucionaria de Gobierno. La creciente represión del depuesto presidente no lograba contener el impresionante crecimiento de la protesta social que a falta de canales institucionales de expresión se inclinaba cada vez con mayor decisión hacia la lucha armada, engrosando los cuadros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ante ello la respuesta oficial fue intensificar las operaciones represivas y dar rienda suelta a los paramilitares de la ultraderecha. Esto produjo el estallido de una guerra civil que se prolongaría entre 1980 y 1992 y que enfrentaría a las fuerzas armadas salvadoreñas con el FMLN hasta que, ante la imposibilidad de que alguna de las dos partes pudiera triunfar, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec en Enero de 1992. En los meses iniciales de la guerra civil se produjo el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ultimado mientras celebraba misa por un comando paramilitar de ultraderecha. Cabe señalar que el proceso político salvadoreño estuvo fuertemente influenciado por lo que estaba ocurriendo en otros países del área, muy especialmente Nicaragua, donde la prolongada lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional acababa de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Julio de 1979.
Bolivia 1978, 1979, 1980
El 24 de Noviembre de 1978 un golpe de estado comandado por el general David Padilla derrocó al también general Juan Pereda Asbún. El golpe declaraba su intención de democratizar la vida política del país convocando a elecciones generales, mismas que se efectuaron en Julio de 1979 consagrando el triunfo de Hernán Siles Zuazo. Dados los antecedentes del candidato y su gestión presidencial en 1956-1960 en la fase final de la Revolución Boliviana de 1952, tanto Estados Unidos como las dictaduras del Cono Sur presionaron fuertemente para evitar que el Congreso lo designara como presidente dado que en las elecciones no había alcanzado la mayoría absoluta de los votos. Ante la imposibilidad de lograr una mayoría parlamentaria que lo instalara en el Palacio Quemado el Congreso optó por designar provisoriamente a Walter Guevara Arce con el mandato de convocar a nuevas elecciones presidenciales en 1980.
No obstante, el 1º de Noviembre de 1979 un sangriento golpe militar -que dejó por lo menos un centenar de muertos y más de treinta personas desaparecidas- derrocó al gobierno. No obstante, la enconada resistencia popular hizo que el jefe de los golpistas, Alberto Natusch Busch, tuviera que presentar su renuncia un par de semanas después, ocasión en la que el Congreso designó como presidenta interina a Lidia Gueiler, fijándose además la fecha de la próxima elección presidencial el 29 de Junio de 1980. Realizadas las elecciones, luego de un fracasado intento de asesinar a Siles Zuazo mediante la voladura del pequeño avión que debía transportarlo durante su campaña electoral, el resultado de la misma lo consagró una vez más como ganador. Esto precipitó un nuevo golpe de estado, perpetrado el 17 de Julio de 1980, liderado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, dos políticos estrechamente vinculados al narcotráfico y a la dictadura militar argentina. El régimen encabezado por García Meza hizo del terrorismo de estado su principal instrumento de gobierno, dejando un luctuoso saldo de víctimas en todo el país. Acosado por las grandes movilizaciones populares debió ceder el poder el 4 de Agosto de 1981, abriéndose un período de transición que culminaría el 10 de Octubre de 1982 con la asunción de Hernán Siles Zuazo a la presidencia de la república, reconociéndose como válido el resultado de los comicios que tuvieran lugar en 1980.
Paraguay 1989
Un golpe de estado perpetrado el 3 de Febrero de 1989 bajo el liderazgo del general Andrés Rodríguez puso fin a la dictadura del general Alfredo Stroessner que había gobernado durante 34 años con mano férrea y haciendo gala de un rabioso anticomunismo que le valió el constante apoyo de Washington. Entre las principales medidas tomadas por Rodríguez se cuentan la legalización de los partidos de oposición (antes el único reconocido legalmente era el Partido Colorado), el encarcelamiento y posterior exilio de Stroessner, la abolición de la pena de muerte y la derogación de la ley marcial, en vigencia durante unos treinta años. Poco tiempo después convocaría a elecciones y su candidatura triunfaría por estrecho margen sobre sus competidores, dando inicio a un proceso de institucionalización democrática que, pese a sus limitaciones, continúa hasta el día de hoy. Las razones profundas que pudieron haber motivado su golpe en contra de quien era no sólo su socio comercial sino también su consuegro son aún desconocidas, pero con el derrocamiento del stroessnismo se abrió una nueva página en la vida política del Paraguay.
Haití 1988, 1990, 1991, 2004
Es bien conocida la inestabilidad que caracteriza la vida política de la primera nación en conquistar su independencia en América Latina y el Caribe. Haití pagó muy cara su osadía: emanciparse del yugo francés y abolir la esclavitud desencadenó una serie de represalias de su antigua metrópolis y sus aliados en el “mundo libre” que convirtieron a una de las más valiosas joyas coloniales del Caribe en el país más pobre del hemisferio occidental.
En Junio de1988, un golpe de estado derrocó a Leslie F. Manigat, quien había triunfado en las primeras elecciones libres del país organizadas una vez concluida la dictadura de Jean-Claude Duvalier. El autor del golpe fue a su vez derrocado por otro golpe, perpetrado por Prosper Avril en Septiembre de ese mismo año. En Marzo de1990 Ertha Pascal-Trouillot es designada presidenta provisional, para ser a su vez derrocada por un golpe en Febrero de 1991. Jean-Bertrand Aristide, que había triunfado en las elecciones es derrocado el 30 de Septiembre de 1991. Exiliado por unos años, regresa en 1994 para concluir su mandato. Re-electo en 2001, un nuevo golpe lo desaloja del poder en 2004.
Conclusión
El pensamiento hegemónico en el mundo de las ciencias sociales idealiza no sólo los procesos económicos al proponer falsas y absurdas teorías sobre el “efecto derrame”, por ejemplo, según la cual en un cierto momento la acrecentada riqueza de los más ricos tropezaría con un límite que haría que proporciones crecientes de aquélla comenzaran a “derramarse hacia abajo” aliviando de este modo la pobreza de los más pobres. El saber convencional también hace lo propio con la política, al postular una concepción igualmente errónea de la democratización que nada tiene que ver con los violentos y complejos procesos que en el mundo real hicieron posible que un reducido grupo de naciones construyeran un estado y una sociedad democráticas.
Entre otras cosas el paradigma hegemónico en la ciencia política convencional persuade a sus cultores que sólo lo que se puede contar cuenta, y que se puede hacer un buen análisis político prescindiendo del estudio de los condicionantes estructurales y el influjo de los factores históricos. Errónea visión que, dado el colonialismo cultural que prevalece en la periferia del imperio, va de la mano con la aceptación acrítica de los presuntos “desarrollos teóricos y metodológicos” procedentes de la academia norteamericana a la vez que rechaza, con similar enjundia, los aportes que el pensamiento crítico ha realizado para el análisis de los grandes temas de la realidad latinoamericana
Esta radical distorsión ocasionada por una teoría que es poco más que la codificación de las ideas dominantes en la sociedad actual -que, como Marx y Engels lo señalaran en La Ideología Alemana, son las ideas de la clase dominante- ha propiciado la proliferación de visiones idílicas sobre los “avances democráticos” en América Latina y el Caribe, concebidos como una flecha ascendente e irreversible hacia la democracia liberal definida según el ejemplo del bipartidismo norteamericano. Componentes centrales de este modelo democrático son el presuntamente virtuoso “corrimiento hacia el centro” del espectro político y la exaltación de la buena gobernanza entendida, claro está, como la congruencia entre las políticas públicas del estado “democrático” y las preferencias de los amos del mercado. Se comprende que a la luz de estas premisas ideológicas fenómenos como el chavismo o la experiencia gubernativa de Evo Morales y Rafael Correa, para no hablar de la Revolución Cubana, no sean otra cosa que aberrantes desvíos o francos retrocesos del “correcto” rumbo de la historia.
Una concepción como esa no puede sino ignorar los grandes conflictos sociales y la violencia que signaron los progresos democráticos en el mundo desarrollado, conflictos y violencia que también se despliegan en los países de la periferia como producto de la tenaz resistencia que las clases dominantes oponen a las luchas populares por la democracia. Una visión idílica, que concibe a la democracia como el terso despliegue de una voluntad democratizadora al margen de reacciones, restauraciones y contramarchas -es decir, al margen de la lucha de clases- es igualmente inepta para dar cuenta de las reiteradas tentativas de revertir los avances democráticos, por imperfectos que sean, y para restaurar por la vía autoritaria del golpe de estado un orden predemocrático congruente con los intereses dominantes. 6 Al idealizar a las muy imperfectas “democracias realmente existentes” de la región (repetimos: en su mayoría, plutocracias travestidas) el golpe de Honduras apareció ante los ojos de los redactores del Informe Latinobarómetro 2009 como un insólito rayo caído luego de treinta y un años de cielos serenos. Los golpes de estado en Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y Venezuela tanto como las turbulentas sucesiones presidenciales experimentadas por varios países fueron ignorados en medio del desaprensivo entusiasmo generado por los avances de lo que Samuel P. Huntington (paradojalmente, uno de los teóricos más enconadamente adversarios de la democracia) denominara la “tercera ola democrática”. Con esas anteojeras teóricas los numerosos golpes de estado de las tres últimas décadas simplemente se invisibilizaron, y los redactores del Informe cayeron víctimas de este engaño.
NOTAS
[1] Cf. Informe Latinobarómetro 2009, http://www.latinobarometro.org/
[2] José Manuel Fernández , “Sobre la participación de España y de EEUU en el golpe de estado de Venezuela ”, en
http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Documentacion/Documentos/GolpeParticipEsp.htm
[3] Luis Moreiro, “Condenó el Grupo Río la ruptura democrática”, en La Nación (Buenos Aires) Sábado 13 de Abril de 2002.
[4] Cf. Sergio Ramírez S., “Plena coincidencia con los golpistas venezolanos”, 22 Abril 2002, en http://www.rodelu.net/ramirez/ramire82.htm
[5] Conste que estamos excluyendo de esa caracterización de “golpe de estado” a los recambios presidenciales que tuvieron lugar como consecuencia de grandes movilizaciones populares que se resolvieron al interior de los mecanismos de sucesión institucionalmente establecidos. Casos de De la Rúa , Argentina 2001; Sánchez de Lozada y Mesa, en Bolivia 2003 y 2005; Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, en Ecuador en 1997, 2000 y 2005; Collor de Mello, en Brasil 1992; Carlos Andrés Pérez, Venezuela 1993 y Cubas, en Paraguay 1999 entre otros. Tampoco tomamos en cuenta casos como los del “autogolpe” de Alberto Fujimori, ocurrido el 5 de Abril de 1992 en el Perú. Si tuviéramos que contar todos estos casos la cronología de la inestabilidad política en esta “tercera ola democrática” en América Latina sería mucho más extensa de lo que el saber convencional de la ciencia política está dispuesto a reconocer.
[6] Sobre las “democracias realmente existentes” en América Latina ver nuestro Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina (Córdoba: Espartaco, 2009) y “La verdad sobre la democracia capitalista”, en Socialist Register en Español (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación y CLACSO, 2006), pp. 45-78. El hilo conductor de estos trabajos es un análisis crítico del uso (y abuso) del término “democracia” para referirse a gobiernos que, salvo contadas excepciones, son apenas oligarquías o plutocracias apenas disimuladas bajo los ropajes exteriores de la democracia.
Dr. Atilio A. Boron
Director del PLED, Programa Latinoamericano de
Educación a Distancia en Ciencias Sociales
Corrientes 1543 (C 1042 AAB) Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) 5077-8021, 8022 y 8024
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Visita mi blog http://www.atilioboron.com
Invisibilizando golpes de estado
Atilio A. Boron
Rebelión
La Corporación Latinobarómetro, basada en Santiago de Chile, publica todos los años un informe resumiendo sus investigaciones comparativas sobre el estado de la opinión pública en dieciocho países de América Latina y el Caribe.1 Para estupefacción del lector el Informe 2009 se abre, en su página 3, con una cita que dice textualmente lo siguiente: “En el año 2009, América Latina sufre por primera vez un golpe de estado después de 31 años, desde que se inaugurara la democracia en lo que ha sido llamado ‘la tercera ola de democracia’ ”.
¡El primer golpe en 31 años! Esta increíble afirmación no es tan sólo un notable error historiográfico sino un síntoma de algo mucho más profundo, revelador de las insanables limitaciones de la concepción teórica y metodológica hegemónica en las ciencias sociales de nuestros días, de inspiración anglosajona. Las páginas que siguen tienen por objeto traer a la memoria lo que el saber convencional aparta convenientemente a un lado. En este caso, los golpes de estado. A los efectos de corregir tan distorsionada visión de la realidad política regional ofrecemos a continuación un breve racconto sobre los golpes de estado que se perpetraron en América Latina y el Caribe en estos últimos 31 años.
11 de Abril del 2002: golpe de estado en la República Bolivariana de Venezuela.
Luego de que se mintiera a la población anunciando que Chávez había renunciado (cosa que también se hizo en el caso de Mel Zelaya durante el golpe hondureño), siendo que, en verdad, aquél se rehusó valerosamente a firmar la carta de renuncia que los golpistas le habían preparado, se convocó de urgencia a una reunión en el Palacio de Miraflores para ungir como presidente de Venezuela al líder de la organización empresarial Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga (alias “Pedro el Breve”). Allí se procedió a dar lectura al Acta de Constitución del Gobierno de Transición Democrática y Unidad Nacional, nombre tan pomposo como mendaz con el que se pretendía disimular al golpe de estado presentándolo como una rutinaria sucesión institucional ante la misteriosa ausencia del primer mandatario. Ese despótico engendro, pergeñado por los inmaculados custodios de la democracia venezolana y aplaudido por Bush, Aznar y compañía, ponía en manos del efímero usurpador amplísimos poderes que no demoró en llevar a la práctica: de un plumazo Carmona derogó la constitución bolivariana, disolvió al Poder Legislativo y destituyó a todos los diputados a la Asamblea Nacional, suspendió a los magistrados del Poder Judicial, al Fiscal General, al Contralor y al Defensor del Pueblo y concentró la suma del poder público en sus manos.
Una vez que fuera leído tan ignominioso documento se invitó a los concurrentes a refrendar el triunfal retorno a la democracia. Entre los firmantes sobresalen los nombres –hundidos para siempre en irredimible deshonor- del Cardenal Ignacio Velasco, santo varón que para desgracia de los cristianos presidía los destinos de la Iglesia Católica en Venezuela; Carlos Fernández, vicepresidente de Fedecámaras; Miguel Angel Capriles, en representación de los medios de comunicación privados (que engañaron a la población desinformando sistemáticamente lo que estaba ocurriendo, con total impunidad); José Curiel, secretario del la democracia cristiana venezolana (COPEI); Manuel Rosales, por ese entonces Alcalde de Maracaibo (prófugo de la justicia acusado de numerosos delitos de fraudes y estafas, amparado y protegido en estos días por el gobierno de Alan García en el Perú); Julio Brazson, presidente de Consecomercio; Ignacio Salvatierra, presidente de la Asociación Bancaria; Luis Henrique Ball, presidente del Consejo Empresarial Venezuela-Estados Unidos; el general retirado Guaicaipuro Lameda, ex presidente de Pdvsa. Luego de la firma se procedió a tomar juramento a Carmona Estanga, dándose así por constituido el nuevo gobierno robustecido por el pleno respaldo de la “sociedad civil”, supuestamente congregada en la sede del gobierno venezolano y representada por ilustres personeros como los arriba nombrados.
Es decir, allí hubo un golpe “con todas las de la ley” que, tiempo después y con Chávez ya repuesto en el Palacio Miraflores, fue convalidado por el Tribunal Supremo de Justicia en una insólita decisión en la que se señalaba que Carmona Estanga había asumido el cargo debido a que en Venezuela se había producido un “vacío de poder”. Claro que esta curiosa teoría tenía un efecto práctico nada desdeñable: gracias a ella se eximía a los implicados de ser procesados por su participación en el golpe de estado, su impunidad consagrada gracias a una sentencia emitida por el más alto tribunal de justicia del país. Por otra parte, si la palabra “golpe” no apareció en el discurso político de esos días fue por otras dos muy convenientes razones. Primero, porque siempre y en todo lugar los golpistas rehúsan a reconocerse como tales, como violadores de la legalidad institucional y la legitimidad política: prefieren autocalificarse como “gobiernos provisorios” surgidos de la necesidad de restaurar un orden supuestamente destruido (o amenazado) por un líder demagógico o por la movilización popular. En la Argentina de 1955 el golpe de estado que acabó con el gobierno de Juan D. Perón se autoidentificó como “Revolución Libertadora”; por su parte, la dictadura genocida de 1976 se refería a sí misma con el pomposo nombre de “Proceso de Reorganización Nacional.” En otros casos, los golpes se ocultan bajo nobles y patrióticas consignas como “Gobierno de Reconciliación Nacional”, “Gobierno de Salvación Nacional” u otras por el estilo. En segundo lugar, porque si se caracterizaba a lo ocurrido como un golpe se erigía un serio obstáculo para lograr el reconocimiento internacional del nuevo gobierno, debido al repudio generalizado que los golpes de estado suscitan en las nuevas democracias latinoamericanas y, en menor medida, al peso que había adquirido en nuestra región la Carta Democrática Interamericana. O sea, se optó por montar una farsa (como luego se haría en el caso hondureño) al hablar de un “gobierno de transición” o un “interinato”, eufemismos utilizados para no llamar al golpe de estado por su verdadero nombre.
De hecho, esta tergiversación semántica facilitó que el nuevo gobierno fuese inmediatamente reconocido por George W. Bush y José María Aznar, dos personajes que, parafraseando a George Bernard Shaw, tienen tanta relación con la democracia como la música militar con la música. No sólo eso: apenas producido el golpe el vocero de la Casa Blanca, Ari Fleischer, señaló que la causa de la crisis era la polarización política y la conflictividad social inducida por las políticas de Chávez y que en las semanas previas al golpe funcionarios estadounidenses se habían reunido con Pedro Carmona (“el empresario que sucedió a Chávez”, según la tramposa caracterización de Fleischer) y con numerosos conspiradores civiles y militares para conversar sobre este asunto. El colofón de todas estas artimañas se conoció el mismo 12 de Abril, apenas unas horas luego de concretado el golpe, cuando Bush y Aznar dieron a conocer una insólita declaración conjunta en la que sostenían que “los gobiernos de Estados Unidos y de España, en el marco de su diálogo político reforzado, siguen los acontecimientos que se desarrollan en Venezuela con gran interés y preocupación, y en contacto continuo”. Ambos mandatarios además manifestaban “su rechazo a los actos de violencia que han causado una cantidad de víctimas” a la vez que expresaban “su pleno respaldo y solidaridad con el pueblo de Venezuela y su deseo de que la excepcional situación que experimenta ese país conduzca en el plazo más breve a la plena normalización democrática”. Es más, poco antes de que Carmona prestara juramento, la Presidencia española de la Unión Europea -anteponiendo sus afinidades con los golpistas a los principios democráticos de los que la Unión Europea se reclama fiel representante- emitió una declaración oficial en la que “manifiesta su confianza en el gobierno de transición en cuanto al respeto de los valores e instituciones democráticos, con el fin de superar la crisis actual”.2 Este autor, asesor parlamentario de Izquierda Unida en España, también asegura que Madrid y Washington habían reconocido que sus representantes en Caracas mantuvieron contacto continuo y una estrecha coordinación en los días previos y durante el golpe. El 13 de abril, el embajador de España en Caracas, Manuel Viturro de la Torre, junto al embajador de Estados Unidos, Charles S. Schapiro, acudieron juntos para entrevistarse personalmente con el presidente del así llamado “gobierno provisional” después que éste disolviera la Asamblea y avasallara la Constitución. Fueron los únicos diplomáticos que se entrevistaron con Carmona, avalando sin tapujos todo lo actuado por los golpistas.
El golpe ahora desaparecido de la vista de los lectores del Informe Latinobarómetro 2009 no sólo contó con el apoyo de Estados Unidos y España. También obtuvo la aprobación de algunos otros gobiernos: Colombia, presidido entonces por Andrés Pastrana, y El Salvador, por Francisco Flores. El golpe se produjo mientras tenía lugar en San José, Costa Rica, la XVI Cumbre del Grupo de Río. Los presidentes allí reunidos consensuaron una tibia declaración en donde se condenaba la “interrupción del orden constitucional” (falaz argumento que años después utilizaría la Secretaria de Estado Hillary Clinton para referirse a lo ocurrido en Honduras) cuidándose con esmero de emplear la expresión “golpe de estado”.
Si no se esperaba otra cosa de Bush y Aznar, la desagradable sorpresa la produjo la reacción del gobierno chileno ante los acontecimientos que estaban teniendo lugar en Venezuela. El presidente Ricardo Lagos declaró en San José que “lamentamos profundamente los hechos de violencia y la pérdida de vidas humanas. Instamos también a la normalización de la institucionalidad democrática, pero al no tener el cuadro completo de situación le pedimos a la OEA que sea la encargada de hacer una evaluación del asunto”, al paso que agregaba que “tal como se ven las cosas hasta el momento "sería apresurado hacer declaraciones concluyentes”. 3 Pero la Canciller chilena, Soledad Alvear, de rancia prosapia demócrata cristiana, vio las cosas de otra manera y atolondradamente emitió un venenoso comunicado que, siguiendo puntualmente la línea establecida por la Casa Blanca, acusaba de los hechos de violencia y alteración de la institucionalidad al depuesto presidente Hugo Chávez. De este modo, el supuesto “gobierno modelo” de las transiciones democráticas de América Latina reprendía a la víctima y se alineaba claramente con el victimario. El vergonzoso mensaje de Alvear –¡jamás repudiado o desautorizado por Lagos!- decía textualmente que “el gobierno de Chile lamenta que la conducción del gobierno venezolano haya llevado a la alteración de la institucionalidad democrática con un alto costo de vidas humanas y de heridos, violentando la Carta Democrática Interamericana a través de esta crisis de gobernabilidad”.
En otras palabras, la cancillería chilena culpaba al gobierno de Chávez de violar la institucionalidad democrática y cargaba las tintas sobre un pasaje de la declaración del Grupo de Río que condenaba la “interrupción del orden institucional en Venezuela generada por un proceso de polarización”, proceso que se atribuía exclusivamente al gobierno bolivariano. El propio Lagos declaró, todavía en San José, que “se condena el hecho porque hubo una interrupción del orden constitucional. Ese es un hecho. Pero, por otra parte, nos parece muy importante la capacidad que tengamos de colaborar con las nuevas autoridades para salir adelante”, una manera muy sutil de reconocer a los golpistas. Y ese era el otro hecho: el golpe de estado. Pero de ese hecho Lagos no habló. Obediente a ese llamado a la colaboración formulado por su presidente, el embajador de Chile en Venezuela, Marcos Álvarez, no se demoró en hacer explícito su respaldo a los golpistas destacando que “el nuevo Presidente tiene una excelente relación con Chile”. En línea con las declaraciones de sus superiores se negó a calificar a la destitución de Chávez como un golpe de estado. Apenas unas horas después del arresto de Chávez dijo textualmente a varios medios de su país que “aquí no se ha hablado de golpe de estado. No lo ha habido (...) Hoy me asombra la tranquilidad y civilidad de este pueblo empapado de democracia durante 40 años. Las democracias, sabemos, también son imperfectas, pero son democracias al fin y al cabo”. Tiempo después Santiago procuraba despegarse de los dichos de su embajador y le solicitaría a Álvarez su renuncia al cargo. Pero el daño ya estaba hecho. 4
Cabe preguntarse: ¿por qué los redactores de Latinobarómetro pasaron por alto un golpe de estado como el que efímeramente triunfara en Venezuela? No tenemos elementos para dar una respuesta definitiva aunque sí podemos arriesgar una conjetura, que es la siguiente: porque en la visión ofuscada e ideológicamente sesgada del pensamiento convencional de las ciencias sociales, pensamiento al cual adhieren los redactores del Informe, en Venezuela no hubo un golpe de estado sino una breve escaramuza institucional que fue resuelta en 48 horas. Claro que esta opción no es inocente porque al interpretar las cosas de esta manera se vela el accionar de la derecha, los golpistas, y la coalición reaccionaria que no vaciló en engañar al pueblo, asesinar a inocentes en la masacre de Puente Llaguno y quedar a un paso de producir un magnicidio, con las imprevisibles consecuencias que esto podría haber acarreado para la sociedad venezolana. Se oculta también un hecho que la historia confirma una y otra vez: que si la democracia logró consolidarse fue siempre y en todas partes a pesar de la oposición –a veces pacífica pero en muchos casos violenta- de la burguesía y la derecha política. Y que cuando aquella amenaza desbordar los muy estrechos límites de la democracia burguesa aún la derecha “más institucional y legalista” -caracterización que con harta ingenuidad se le atribuía a la derecha chilena a comienzos de los años setentas- no vacila en arrojar por la borda todos sus escrúpulos y apuesta todas sus cartas a la recomposición violenta del orden amenazado. Tal como Marx lo apuntara en un célebre pasaje de El 18 Brumario de Luis Bonaparte , la burguesía siempre preferirá “un final con terror al terror sin fin” materializado en el constante avance de los plebeyos y la amenaza a sus riquezas y privilegios. Esa fue la opción de la derecha chilena (incluyendo, obviamente, a la hipócritamente centrista y legalista Democracia Cristiana) el 11 de Septiembre de 1973 y esa fue también la opción de la derecha venezolana el 11 de Abril del 2002. Sólo que en este último caso la reacción popular le quebró la mano a los golpistas. Cosas como estas no pueden ser dejadas de lado en ningún análisis riguroso sobre la vida política de nuestros países. En estos casos, el silencio tiene un insoportable olor a complicidad.
La larga saga del golpismo latinoamericano
Pero, ¿fue el que se produjo en la República Bolivariana de Venezuela el único golpe que ignoraron los redactores del informe? Un breve recuento, sumario in extremis, indica que no. Que en realidad en los últimos 31 años hubo varios más.5 Entre ellos, sobresalen los siguientes, también olvidados, y que apenas mencionaremos aquí.
El Salvador 1979
El 15 de Octubre de 1979 se produce el golpe de estado que depone al gobierno conservador del general Carlos Humberto Romero e instala una autotitulada Junta Revolucionaria de Gobierno. La creciente represión del depuesto presidente no lograba contener el impresionante crecimiento de la protesta social que a falta de canales institucionales de expresión se inclinaba cada vez con mayor decisión hacia la lucha armada, engrosando los cuadros del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional. Ante ello la respuesta oficial fue intensificar las operaciones represivas y dar rienda suelta a los paramilitares de la ultraderecha. Esto produjo el estallido de una guerra civil que se prolongaría entre 1980 y 1992 y que enfrentaría a las fuerzas armadas salvadoreñas con el FMLN hasta que, ante la imposibilidad de que alguna de las dos partes pudiera triunfar, se firmaron los Acuerdos de Paz de Chapultepec en Enero de 1992. En los meses iniciales de la guerra civil se produjo el asesinato de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, ultimado mientras celebraba misa por un comando paramilitar de ultraderecha. Cabe señalar que el proceso político salvadoreño estuvo fuertemente influenciado por lo que estaba ocurriendo en otros países del área, muy especialmente Nicaragua, donde la prolongada lucha del Frente Sandinista de Liberación Nacional acababa de derrocar a la dictadura de Anastasio Somoza Debayle en Julio de 1979.
Bolivia 1978, 1979, 1980
El 24 de Noviembre de 1978 un golpe de estado comandado por el general David Padilla derrocó al también general Juan Pereda Asbún. El golpe declaraba su intención de democratizar la vida política del país convocando a elecciones generales, mismas que se efectuaron en Julio de 1979 consagrando el triunfo de Hernán Siles Zuazo. Dados los antecedentes del candidato y su gestión presidencial en 1956-1960 en la fase final de la Revolución Boliviana de 1952, tanto Estados Unidos como las dictaduras del Cono Sur presionaron fuertemente para evitar que el Congreso lo designara como presidente dado que en las elecciones no había alcanzado la mayoría absoluta de los votos. Ante la imposibilidad de lograr una mayoría parlamentaria que lo instalara en el Palacio Quemado el Congreso optó por designar provisoriamente a Walter Guevara Arce con el mandato de convocar a nuevas elecciones presidenciales en 1980.
No obstante, el 1º de Noviembre de 1979 un sangriento golpe militar -que dejó por lo menos un centenar de muertos y más de treinta personas desaparecidas- derrocó al gobierno. No obstante, la enconada resistencia popular hizo que el jefe de los golpistas, Alberto Natusch Busch, tuviera que presentar su renuncia un par de semanas después, ocasión en la que el Congreso designó como presidenta interina a Lidia Gueiler, fijándose además la fecha de la próxima elección presidencial el 29 de Junio de 1980. Realizadas las elecciones, luego de un fracasado intento de asesinar a Siles Zuazo mediante la voladura del pequeño avión que debía transportarlo durante su campaña electoral, el resultado de la misma lo consagró una vez más como ganador. Esto precipitó un nuevo golpe de estado, perpetrado el 17 de Julio de 1980, liderado por Luis García Meza y Luis Arce Gómez, dos políticos estrechamente vinculados al narcotráfico y a la dictadura militar argentina. El régimen encabezado por García Meza hizo del terrorismo de estado su principal instrumento de gobierno, dejando un luctuoso saldo de víctimas en todo el país. Acosado por las grandes movilizaciones populares debió ceder el poder el 4 de Agosto de 1981, abriéndose un período de transición que culminaría el 10 de Octubre de 1982 con la asunción de Hernán Siles Zuazo a la presidencia de la república, reconociéndose como válido el resultado de los comicios que tuvieran lugar en 1980.
Paraguay 1989
Un golpe de estado perpetrado el 3 de Febrero de 1989 bajo el liderazgo del general Andrés Rodríguez puso fin a la dictadura del general Alfredo Stroessner que había gobernado durante 34 años con mano férrea y haciendo gala de un rabioso anticomunismo que le valió el constante apoyo de Washington. Entre las principales medidas tomadas por Rodríguez se cuentan la legalización de los partidos de oposición (antes el único reconocido legalmente era el Partido Colorado), el encarcelamiento y posterior exilio de Stroessner, la abolición de la pena de muerte y la derogación de la ley marcial, en vigencia durante unos treinta años. Poco tiempo después convocaría a elecciones y su candidatura triunfaría por estrecho margen sobre sus competidores, dando inicio a un proceso de institucionalización democrática que, pese a sus limitaciones, continúa hasta el día de hoy. Las razones profundas que pudieron haber motivado su golpe en contra de quien era no sólo su socio comercial sino también su consuegro son aún desconocidas, pero con el derrocamiento del stroessnismo se abrió una nueva página en la vida política del Paraguay.
Haití 1988, 1990, 1991, 2004
Es bien conocida la inestabilidad que caracteriza la vida política de la primera nación en conquistar su independencia en América Latina y el Caribe. Haití pagó muy cara su osadía: emanciparse del yugo francés y abolir la esclavitud desencadenó una serie de represalias de su antigua metrópolis y sus aliados en el “mundo libre” que convirtieron a una de las más valiosas joyas coloniales del Caribe en el país más pobre del hemisferio occidental.
En Junio de1988, un golpe de estado derrocó a Leslie F. Manigat, quien había triunfado en las primeras elecciones libres del país organizadas una vez concluida la dictadura de Jean-Claude Duvalier. El autor del golpe fue a su vez derrocado por otro golpe, perpetrado por Prosper Avril en Septiembre de ese mismo año. En Marzo de1990 Ertha Pascal-Trouillot es designada presidenta provisional, para ser a su vez derrocada por un golpe en Febrero de 1991. Jean-Bertrand Aristide, que había triunfado en las elecciones es derrocado el 30 de Septiembre de 1991. Exiliado por unos años, regresa en 1994 para concluir su mandato. Re-electo en 2001, un nuevo golpe lo desaloja del poder en 2004.
Conclusión
El pensamiento hegemónico en el mundo de las ciencias sociales idealiza no sólo los procesos económicos al proponer falsas y absurdas teorías sobre el “efecto derrame”, por ejemplo, según la cual en un cierto momento la acrecentada riqueza de los más ricos tropezaría con un límite que haría que proporciones crecientes de aquélla comenzaran a “derramarse hacia abajo” aliviando de este modo la pobreza de los más pobres. El saber convencional también hace lo propio con la política, al postular una concepción igualmente errónea de la democratización que nada tiene que ver con los violentos y complejos procesos que en el mundo real hicieron posible que un reducido grupo de naciones construyeran un estado y una sociedad democráticas.
Entre otras cosas el paradigma hegemónico en la ciencia política convencional persuade a sus cultores que sólo lo que se puede contar cuenta, y que se puede hacer un buen análisis político prescindiendo del estudio de los condicionantes estructurales y el influjo de los factores históricos. Errónea visión que, dado el colonialismo cultural que prevalece en la periferia del imperio, va de la mano con la aceptación acrítica de los presuntos “desarrollos teóricos y metodológicos” procedentes de la academia norteamericana a la vez que rechaza, con similar enjundia, los aportes que el pensamiento crítico ha realizado para el análisis de los grandes temas de la realidad latinoamericana
Esta radical distorsión ocasionada por una teoría que es poco más que la codificación de las ideas dominantes en la sociedad actual -que, como Marx y Engels lo señalaran en La Ideología Alemana, son las ideas de la clase dominante- ha propiciado la proliferación de visiones idílicas sobre los “avances democráticos” en América Latina y el Caribe, concebidos como una flecha ascendente e irreversible hacia la democracia liberal definida según el ejemplo del bipartidismo norteamericano. Componentes centrales de este modelo democrático son el presuntamente virtuoso “corrimiento hacia el centro” del espectro político y la exaltación de la buena gobernanza entendida, claro está, como la congruencia entre las políticas públicas del estado “democrático” y las preferencias de los amos del mercado. Se comprende que a la luz de estas premisas ideológicas fenómenos como el chavismo o la experiencia gubernativa de Evo Morales y Rafael Correa, para no hablar de la Revolución Cubana, no sean otra cosa que aberrantes desvíos o francos retrocesos del “correcto” rumbo de la historia.
Una concepción como esa no puede sino ignorar los grandes conflictos sociales y la violencia que signaron los progresos democráticos en el mundo desarrollado, conflictos y violencia que también se despliegan en los países de la periferia como producto de la tenaz resistencia que las clases dominantes oponen a las luchas populares por la democracia. Una visión idílica, que concibe a la democracia como el terso despliegue de una voluntad democratizadora al margen de reacciones, restauraciones y contramarchas -es decir, al margen de la lucha de clases- es igualmente inepta para dar cuenta de las reiteradas tentativas de revertir los avances democráticos, por imperfectos que sean, y para restaurar por la vía autoritaria del golpe de estado un orden predemocrático congruente con los intereses dominantes. 6 Al idealizar a las muy imperfectas “democracias realmente existentes” de la región (repetimos: en su mayoría, plutocracias travestidas) el golpe de Honduras apareció ante los ojos de los redactores del Informe Latinobarómetro 2009 como un insólito rayo caído luego de treinta y un años de cielos serenos. Los golpes de estado en Bolivia, El Salvador, Haití, Paraguay y Venezuela tanto como las turbulentas sucesiones presidenciales experimentadas por varios países fueron ignorados en medio del desaprensivo entusiasmo generado por los avances de lo que Samuel P. Huntington (paradojalmente, uno de los teóricos más enconadamente adversarios de la democracia) denominara la “tercera ola democrática”. Con esas anteojeras teóricas los numerosos golpes de estado de las tres últimas décadas simplemente se invisibilizaron, y los redactores del Informe cayeron víctimas de este engaño.
NOTAS
[1] Cf. Informe Latinobarómetro 2009, http://www.latinobarometro.org/
[2] José Manuel Fernández , “Sobre la participación de España y de EEUU en el golpe de estado de Venezuela ”, en
http://www.nodo50.org/plataformabolivariana/Documentacion/Documentos/GolpeParticipEsp.htm
[3] Luis Moreiro, “Condenó el Grupo Río la ruptura democrática”, en La Nación (Buenos Aires) Sábado 13 de Abril de 2002.
[4] Cf. Sergio Ramírez S., “Plena coincidencia con los golpistas venezolanos”, 22 Abril 2002, en http://www.rodelu.net/ramirez/ramire82.htm
[5] Conste que estamos excluyendo de esa caracterización de “golpe de estado” a los recambios presidenciales que tuvieron lugar como consecuencia de grandes movilizaciones populares que se resolvieron al interior de los mecanismos de sucesión institucionalmente establecidos. Casos de De la Rúa , Argentina 2001; Sánchez de Lozada y Mesa, en Bolivia 2003 y 2005; Bucaram, Mahuad y Gutiérrez, en Ecuador en 1997, 2000 y 2005; Collor de Mello, en Brasil 1992; Carlos Andrés Pérez, Venezuela 1993 y Cubas, en Paraguay 1999 entre otros. Tampoco tomamos en cuenta casos como los del “autogolpe” de Alberto Fujimori, ocurrido el 5 de Abril de 1992 en el Perú. Si tuviéramos que contar todos estos casos la cronología de la inestabilidad política en esta “tercera ola democrática” en América Latina sería mucho más extensa de lo que el saber convencional de la ciencia política está dispuesto a reconocer.
[6] Sobre las “democracias realmente existentes” en América Latina ver nuestro Aristóteles en Macondo. Notas sobre el fetichismo democrático en América Latina (Córdoba: Espartaco, 2009) y “La verdad sobre la democracia capitalista”, en Socialist Register en Español (Buenos Aires: Centro Cultural de la Cooperación y CLACSO, 2006), pp. 45-78. El hilo conductor de estos trabajos es un análisis crítico del uso (y abuso) del término “democracia” para referirse a gobiernos que, salvo contadas excepciones, son apenas oligarquías o plutocracias apenas disimuladas bajo los ropajes exteriores de la democracia.
Dr. Atilio A. Boron
Director del PLED, Programa Latinoamericano de
Educación a Distancia en Ciencias Sociales
Corrientes 1543 (C 1042 AAB) Buenos Aires, Argentina
Teléfono: (54-11) 5077-8021, 8022 y 8024
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martes, 5 de febrero de 2008
Debates 3 - Algunas lecciones de la Perestroika, debatiendo los caminos de la ciencia política argentina.
(Algunas) Lecciones de la Perestroika
Debatiendo los caminos de
la ciencia política argentina.
Por Sergio D. Morresi (UBA-UNGS-CONICET) - ponencia presentada en el VIIIª Congreso de la SAAP, noviembre de 2007, Buenos Aires.
Resumen: En este trabajo se parte de una reseña sobre las discusiones disciplinares en Estados Unidos, especialmente el llamado “movimiento perestroika” para elaborar algunas propuestas programáticas para la ciencia política argentina. Estas propuestas, sólo esbozadas de modo esquemático el fortalecimiento de los trabajos interdisciplinarios, el establecimiento de una pluralidad metodológica amplia, pero rigurosa y la reabsorción por parte de la ciencia política de los temas de la administración pública.
Terence Ball ha sostenido con bastante tino que la ciencia política se muestra usualmente dispuesta a autoanalizase y que cada vez que lo hace parece llegar al mismo diagnóstico: las cosas están cada vez peor (Ball, 1987). En este sentido, son ilustrativas las ya añejas protestas sobre la falta de cientificidad de la disciplina que se hicieron durante la llamada “revolución behavioralista” (Farr, 1999), la preocupación que hace algunos años mostró Gabriel Almond al señalar la tendencia de la ciencia política estadounidense a discutir en “mesas separadas” (Almond, 1988; 2001), o la más reciente intervención de Giovanni Sartori, quien llegó a afirmar que la ciencia política –al menos en su vertiente mainstream- es un gigante con pies de barro y carente de rumbo (Sartori, 2005). Contra lo que pudiera pensarse, esta notoria inclinación al autoexamen crítico no siempre produce transformaciones prácticas. De hecho, de acuerdo con John Dryzek, a partir del siglo XX la ciencia política se ha caracterizado más por su tendencia a cambios lentos y parciales que por las mudanzas de estilo revolucionario ya sea en el objeto de estudio, en los métodos utilizados, en su relación con otras disciplinas o en los lazos que mantiene los asuntos públicos (Dryzek, 2006). Sin duda, la lentitud de los cambios en los programas y en los modos de investigación ayudan a explicar un poco la costumbre de autoflagelarse que caracteriza a buena parte de los politólogos. Esto no quiere decir que los contenidos de las (auto)críticas deberían descartarse o tomarse apenas como síntomas de los tiempos pausados que la academia se toma para emprender transformaciones. Por el contrario, vale la pena examinar cuáles son los cuestionamientos que la ciencia política se hace a sí misma y someterlos a un análisis minucioso; de ese modo podremos saber, si no hacia dónde va la ciencia política, al menos a dónde debería dirigirse (o tan siquiera cuáles son los caminos que convendría evitar).
La actitud de recoger las críticas al modo de manejarse de la ciencia política parece particularmente importante para los investigadores argentinos de comienzos de siglo, quienes aún tienen como tarea pendiente responder al desafío planteado por la crisis social, económica y política que alcanzó su momento álgido en diciembre de 2001.
Debatiendo los caminos de
la ciencia política argentina.
Por Sergio D. Morresi (UBA-UNGS-CONICET) - ponencia presentada en el VIIIª Congreso de la SAAP, noviembre de 2007, Buenos Aires.
Resumen: En este trabajo se parte de una reseña sobre las discusiones disciplinares en Estados Unidos, especialmente el llamado “movimiento perestroika” para elaborar algunas propuestas programáticas para la ciencia política argentina. Estas propuestas, sólo esbozadas de modo esquemático el fortalecimiento de los trabajos interdisciplinarios, el establecimiento de una pluralidad metodológica amplia, pero rigurosa y la reabsorción por parte de la ciencia política de los temas de la administración pública.
Terence Ball ha sostenido con bastante tino que la ciencia política se muestra usualmente dispuesta a autoanalizase y que cada vez que lo hace parece llegar al mismo diagnóstico: las cosas están cada vez peor (Ball, 1987). En este sentido, son ilustrativas las ya añejas protestas sobre la falta de cientificidad de la disciplina que se hicieron durante la llamada “revolución behavioralista” (Farr, 1999), la preocupación que hace algunos años mostró Gabriel Almond al señalar la tendencia de la ciencia política estadounidense a discutir en “mesas separadas” (Almond, 1988; 2001), o la más reciente intervención de Giovanni Sartori, quien llegó a afirmar que la ciencia política –al menos en su vertiente mainstream- es un gigante con pies de barro y carente de rumbo (Sartori, 2005). Contra lo que pudiera pensarse, esta notoria inclinación al autoexamen crítico no siempre produce transformaciones prácticas. De hecho, de acuerdo con John Dryzek, a partir del siglo XX la ciencia política se ha caracterizado más por su tendencia a cambios lentos y parciales que por las mudanzas de estilo revolucionario ya sea en el objeto de estudio, en los métodos utilizados, en su relación con otras disciplinas o en los lazos que mantiene los asuntos públicos (Dryzek, 2006). Sin duda, la lentitud de los cambios en los programas y en los modos de investigación ayudan a explicar un poco la costumbre de autoflagelarse que caracteriza a buena parte de los politólogos. Esto no quiere decir que los contenidos de las (auto)críticas deberían descartarse o tomarse apenas como síntomas de los tiempos pausados que la academia se toma para emprender transformaciones. Por el contrario, vale la pena examinar cuáles son los cuestionamientos que la ciencia política se hace a sí misma y someterlos a un análisis minucioso; de ese modo podremos saber, si no hacia dónde va la ciencia política, al menos a dónde debería dirigirse (o tan siquiera cuáles son los caminos que convendría evitar).
La actitud de recoger las críticas al modo de manejarse de la ciencia política parece particularmente importante para los investigadores argentinos de comienzos de siglo, quienes aún tienen como tarea pendiente responder al desafío planteado por la crisis social, económica y política que alcanzó su momento álgido en diciembre de 2001.
En las páginas que siguen 1) repasamos muy brevemente algunas de las principales mudanzas que la ciencia política norteamericana sufrió en los últimos años, 2) haciendo hincapié en el último momento de cuestionamiento a la “ciencia normal” (el movimiento conocido como perestroika). Luego, en lo que viene a ser la segunda parte del trabajo, 3) mostramos la ausencia de debates similares en nuestro país y la conveniencia de considerar las cuestiones señaladas por los politólogos norteamericanos para elaborar algunos lineamientos de acción para la ciencia política argentina.
1. De la política científica a la ciencia política.
Aunque es claro que la ciencia política norteamericana (o quizás quepa decir, noratlántica) no representa en modo alguno a toda la ciencia política producida en el mundo, es claro que su poder orientador es descomunal. Para bien o para mal, los politólogos de casi todo el mundo acudimos a la academia estadounidense (y en menor medida a la británica, la alemana, la australiana, la italiana o la española) en busca de guía. Tan siquiera por ello, conviene comenzar este trabajo repasando muy rápidamente la historia de las autocríticas de la ciencia política norteamericana.
En parte por su propia historia intelectual (los artículos federalistas y antifederalistas), en parte por los problemas causados por la guerra de secesión y en parte por la influencia de la teoría alemana, durante el siglo XIX la ciencia política norteamericana fue una disciplina con un solo objeto de estudio, el Estado, y una sola preocupación, mejorarlo. La unicidad del objeto de estudio estaba, sin embargo, compensada por una multiplicidad de métodos de trabajo, abordajes analíticos y, vale la pena mencionarlo, posiciones políticas (Farr, 1993). Esto llevaba a que más que una ciencia política se trabajara sobre una política con base científica. Pero a comienzos del siglo XX, soplaron vientos de cambio en la academia norteamericana.
La amplitud con la que los politólogos tradicionales llevaban a cabo sus investigaciones dejó de ser observada en forma positiva y comenzó a percibírsela como un síntoma de la falta de profesionalismo de la academia. Al decir de los críticos, por su “amateurismo”, los politólogos estadounidenses mezclaban peligrosamente las observaciones y los argumentos con su agenda política y, así, se les hacía imposible dar cuenta de la naturaleza plural de la sociedad y la política norteamericanas. Se hacía necesario entonces emprender programas de trabajo que dieran cuenta de la diversidad que podía encontrarse al interior de la vida política americana (Seidelman y Harpham, 1985).
Fue así que, apenas dos décadas más tarde el panorama se transformó: eral el tiempo del “pluralismo”. El Estado perdió su carácter central y proliferaron los estudios sobre los distintos grupos de poder que se movían en el entramado social. Pese a que hubo intentos, como el de Harold Laski, de anclar las ideas pluralistas en una perspectiva de cuño normativo que considerara la importancia de conformar una sociedad que privilegiara la diversidad de experiencias culturales y políticas, la visión que terminó imponiéndose fue más bien positivista. En efecto, el pluralismo que acabaría por “derrotar” al Estado fue el que se basaba en la propuesta de George Catlin, quien propulsaba la idea de que la ciencia política debería abocarse a estudiar a los grupos de interés que dirigían los rumbos del aparato estatal y de la sociedad toda (Dryzek, 2006). De este modo, se produjo un deslizamiento que tendría importantísimas consecuencias. A medida que el Estado dejaba de ser el foco en derredor del cual giraban los estudios, los politólogos “buscaron la identidad y la autoridad de la ciencia política más en su método que en su objeto” (Gunnell, 1999: 47). Tenía lugar así el (re)nacimiento de una disciplina que se jactaba ahora de andar el camino que la llevaría a ser una “verdadera” ciencia, con cierta diversidad de objetos de estudio (partidos políticos, grupos de presión, sindicatos, grandes empresas), pero con un método claro y unívoco. Sin embargo, una cosa es ponerse de acuerdo en la importancia del rigor metodológico y otra muy distinta es llegar a acordar cuál es el método que sería deseable emplear. Así, durante las décadas del ’30 al ’50, la ciencia política estadounidense se volvió “pluralista”, pero no se logró un consenso con respecto al tema que el movimiento pluralista había señalado como crucial: la falta de un método científico con el cual estudiar a los distintos grupos y estructuras de poder. Ese fue uno de los ejes, quizás el principal, sobre el que giró la llamada “revolución behavioralista”.
La revolución behavioralista puede ser sucintamente descrita como la faz que adoptó en el ámbito de la ciencia política un movimiento más amplio que “tomó por asalto” a casi todas las ciencias sociales estadounidenses. En el caso de la ciencia política, ese movimiento tuvo la forma de una crítica con tres ejes a la forma en la que se desarrollaba la ciencia política estadounidense. En primer lugar, se afirmaba que el pluralismo no ponía el énfasis suficiente en los aspectos empíricos y ello se debía a que no se percibía que los estudios debían enfocarse en los comportamientos de los agentes, que eran las auténticas unidades de análisis de las ciencias sociales. Para los behavioralistas, analizar los grupos estaba muy bien, siempre y cuando se tuviese en cuenta que los grupos estaban formados por individuos que actuaban y que, en última instancia, era el estudio de estos últimos el que debía ser privilegiado (Farr, 1999; Garceau, 1951).
En segundo lugar, los behavioralistas afirmaban que los métodos empleados por los politólogos tradicionales no eran suficientemente rigurosos y que se enfocaban demasiado en descripciones carentes de valor heurístico. Como alternativas válidas a los ensayos, a los estudios de caso y a los análisis jurídicos, los behavioralistas propusieron tomar como ejemplo a seguir a la economía. Así, en primera instancia, los politólogos deberían preferir estudiar las variables relevantes a través de los métodos elaborados por las ciencias económicas tales como encuestas muestrales, análisis estadísticos, regresiones, matrices, modelos formales, etc. (Almond, 2001; Ponce, 2002).
En tercer lugar, los behavioralistas se oponían al reciente éxito de una corriente de pensamiento a la que veían, no sin razón, como peligrosamente anti-liberal: la filosofía política de los “emigrados” como Leo Strauss, Hannah Arendt y Eric Vogelin. De acuerdo con los behavioralistas, la ciencia política debía ser objetiva y neutral, pero al mismo tiempo era necesario que se comprometiese profundamente con el sistema político democrático (en la forma que adoptó en los llamados “países occidentales”). La democracia liberal, para los behavioralistas, no era sólo uno de sus objetos de estudio privilegiados, sino también su base teórica y su condición de posibilidad. Al fin y al cabo la ciencia política defendida por los ellos estaba basada en el pluralismo y suponía el análisis de las acciones de individuos con distintos intereses (Dryzek, 2006; Gunnell, 1993; Kettler, 2006).
El éxito alcanzado por los behavioralistas fue rotundo (Dahl, 1961). En pocos años trastocaron el panorama de la academia norteamericana: los tradicionales estudios jurídicos, institucionalistas y ensayísticos desaparecieron de las publicaciones más importantes; la filosofía política fue excluida (o se autoexcluyó) del resto de las subdisciplinas; los trabajos sobre administración pública y política comparada plegaron a los métodos behavioralistas y comenzaron a basarse cada vez más en datos arrojados por investigaciones cuantitativas y en un paradigma erigido sobre una teoría normativa de la pluralidad de intereses de las sociedades liberales modernas (Gunnell, 1993; Ponce, 2002).
Sin embargo, y quizás debido a su repentino y completo éxito, la revolución behavioralista pareció sucumbir a la abulia al poco tiempo de haber alcanzado sus objetivos. A partir de mediados de la década del sesenta, algunos de los principales impulsores del movimiento comenzaron a plantear dudas sobre la vitalidad de la revolución, sobre todo ante un panorama sociopolítico que se transformaba a pasos agigantados (Farr, 1999). En un nuevo contexto plagado de movilizaciones contestatarias y caracterizado por un aumento en la participación política de los ciudadanos de todo el mundo, así como por el reverdecer de los planteos marxistas y el surgimiento de lo que se dio en llamar la contracultura, la ciencia política norteamericana parecía descolocada. La efervescencia política era la norma, pero los politólogos parecían estar plantados en otro lado. Ese fue el escenario en el que, en la reunión de la Asociación Americana de Ciencia Política (APSA) de 1967, surgió un nuevo movimiento de reforma: el “Caucus por una Nueva Ciencia Política” (The Caucus for a New Political Science, 1999).
El Caucus se inclinó por una crítica frontal al behavioralismo. Tomando como propios los argumentos del sociólogo Charles Wright Mills, acusó a la corriente mayoritaria de la ciencia política de escudarse en pretensiones metodológicas para esconder concepciones oscurantistas, análisis triviales, una actitud contemplativa del status quo y una desatención alarmante por los asuntos más urgentes y relevantes, como los procesos de descolonización, el racismo, la inequidad social, el elitismo, las fallas del sistema democrático, el problema del género y el imperialismo de la política estadounidense (McCoy y Playford, 1968). Conformado mayoritariamente por politólogos de tendencia progresista, el Caucus se propuso que la APSA se reorientara por completo, dando lugar en su seno no sólo a los “métodos disidentes” (cuestión que se mencionaba sólo de modo tangencial), sino sobre todo a la política misma. Como lo expresó uno de sus portavoces, Christian Bay, la ciencia política descubría en efecto “verdades”, pero en la medida en que se concentraba sobre la ciencia y se olvidaba de la política, esas “verdades” no eran más que técnicas al servicio de las élites dominantes. Para que la ciencia política recuperara su espíritu, era necesario volver a enfatizar a la política (entendida como la persecución de los intereses comunes y las discusiones sobre el deber ser) de la ciencia política. Así, para los miembros del Caucus era necesario que la APSA expresase su preocupación por las infamantes políticas llevadas adelante por distintos gobiernos (incluyendo el norteamericano) y que volviera a debatir sobre las ideas de justicia y de una sociedad mejor (Bay, 1968).
Para llevar adelante su agenda, el Caucus presentó sus propios candidatos a las elecciones de la APSA y por primera vez en mucho tiempo, las elecciones de autoridades de la organización fueron competitivas. Sin embargo, el Caucus perdió los comicios. La reacción de la academia establecida fue aún más feroz que la crítica: las autoridades de la APSA decidieron no autorizar los paneles organizados por los miembros del Caucus y acusaron a los politólogos progresistas de ser radicales políticos más que cientistas políticos (véase el comentario de Mansfield a Bay, 1968; Dryzek, 2006; Kettler, 2007). A pesar de ciertos intentos conciliadores de David Easton en la reunión de la APSA en 1969, la mayor parte de los behavioralistas fue firme en su defensa del orden establecido y derrotó por completo al movimiento que, en última instancia, y con el correr de los años, fue reabsorbido como grupo marginal por la APSA (Dryzek, 2006). Así, la ciencia política norteamericana parecía destinada de modo ineludible a permanecer siendo behavioralista.
2. ¡Perestroika!
Desde que en la década del cincuenta, los behavioralistas se impusieron, los trabajos de ciencia política comenzaron a orientarse, casi en su totalidad, a cuestiones empíricas tratadas con técnicas estadísticas y econométricas. Descomponiendo al mundo en celdas mensurables y aislando las distintas variables observables, los behavioralistas buscaban construir estructuras lógicas que relacionasen de manera causal a distintos fenómenos comportamentales. Sin embargo, muy pronto se desarrolló otro abordaje: la rational chocie (elección racional). La elección racional, originada en la economía, asume que los individuos actúan como maximizadores de utilidad dada una determinada estructura de preferencias consistente y ordenada. A través del uso de la matemática y de la lógica formal, los politólogos norteamericanos comenzaron a producir modelos capaces no sólo de explicar el comportamiento político, sino también de predecirlo (Downs, 1973; Ponce, 2002).
Pese a las críticas recibidas, luego de algunas décadas de desarrollo, la teoría de la elección racional alcanzó una posición dominante gracias al impulso de académicos como Anthony Downs, William Riker, James Buchanan y Gordon Tullock (Green y Shapiro, 1994). De acuerdo con un estudio bibliométrico, aproximadamente el cincuenta por ciento de la producción en ciencia política publicada en Estados Unidos se desarrolla según los parámetros de la elección racional o su vertiente más vigorosa, la teoría de la elección pública (public choice) (Cohn, 1999). El “imperio” de la elección racional es tan completo que incluso algunas áreas que tradicionalmente los behavioralistas consideraban con buenos ojos (como la política comparada y la administración pública) han sido totalmente marginalizadas.
Fue este proceso de marginalización de ciertas ramas de la “gran familia” de la ciencia política, más que el apartamiento de la teoría política marxista y straussiana, lo que llevó a Gabriel Almond a preocuparse por la fragmentación de la disciplina en su ya clásico artículo sobre las “mesas separadas” (Almond, 1988; Monroe, et al., 1990)1. Y fue también este proceso de marginalización el que produjo el más reciente movimiento contra el establishment de la ciencia política: la perestroika.
El “movimiento perestroika” surgió en octubre 2000 con un correo electrónico anónimo (en realidad firmado por “Mr. Perestroika”) que criticaba a la APSA y a los editores del periódico de la organización (American Political Science Review) con virulencia. Entre los puntos señalados se destacaba la cuestión metodológica; en este sentido Mr. Perestroika se mostraba preocupado por la marginación a la que eran sometidos los trabajos de teoría política y los estudios basados en métodos cualitativos y la clara inclinación de la APSA por los análisis realizados por “pobres teóricos de la elección racional” que eran, al fin y al cabo “economistas frustrados”. Además, acusaba a la APSA de estudiar la democracia pero no practicarla y de estar llevando a toda la disciplina hacia un destino a la vez elitista y trivial. Para sorpresa de muchos, el mail (que se supone escrito por un estudiante de posgrado) no cayó en saco roto; a los pocos meses, más de seiscientos de los trece mil asociados a la APSA suscribían las observaciones de Mr. Perestroika; dos años más tarde, el movimiento ya contaba con la adhesión de buena parte de las universidades y tuvo su primera reunión multitudinaria para establecer una agenda más clara (Dryzek, 2003; Eakin, 2004; Jacobsen, 2005; Miller, 2001; Yanow, 2004).
A pesar del apoyo de algunos politólogos con una agenda política similar a la del Caucus por una Nueva Ciencia Política y de las expresiones “radicalmente anti-cuantitavistas”2 que se dan entre sus adherentes, el movimiento perestroika no se propone reorientar políticamente a la APSA ni imponer una revolución metodológica. Así, al menos, lo han declarado algunos de sus más importantes representantes, como Gregory Kasza, Ian Shapiro y Sven Steinmo (Kasza, 2001; Monroe, 2005; Steinmo, 2002). Más que a imponer una visión alternativa a la reinante (tanto en lo que se refiere a compromiso político cuanto a las técnicas y métodos usadas por los politólogos) el objetivo de la perestroika parecer ser evitar que exista un solo paradigma en la ciencia política o, como lo expresó Kasza, impedir que la ciencia política “dura” y “políticamente neutralista” se transforme en lo que Thomas Kuhn hubiera llamado una “ciencia normal” que excluya a los politólogos que tengan posiciones divergentes o que se inclinen por abordajes heterodoxos (Kasza, 2001).
A pesar de su corta vida y de que las adhesiones se han estancado, el movimiento perestroika parece destinado a alcanzar cierto éxito. Ello en parte se debe a que sus primeros objetivos fueron establecidos en un modo claramente institucional, pero también a que el tono de protesta se fue moderando. Dos politólogos impulsados por los perestroikistas (discúlpesenos la palabra) han ocupado la presidencia de la APSA (Monroe, 2005). También se realizaron cambios en el comité editorial de las revistas de la organización y el número de artículos escritos con temas o abordajes por fuera del mainstream se duplicó (Cf. Garand, 2005; Soares, 2005). En la actualidad, la meta prioritaria del movimiento es influir sobre las contrataciones de profesores en las universidades, de modo tal que no haya un predominio absoluto de “rational choicers” en los staffs institucionales (Stewart, 2003).
Al menos una parte del rápido éxito del movimiento perestroika se debió, como lo reconoció Steinmo a la receptividad que las críticas recibieron en la APSA (Steinmo, 2002). Y aunque las voces en contra de los cambios no tardaron en llegar (Dryzek, 2003; Jackson, 2006; Marsh y Savigny, 2004; Schram y Caterino, 2006; Wolfe, 2005), fue la “traición” de Sartori lo que realmente hizo sonar la voz de alarma entre los que se oponían a las reformas.
En un artículo que ha sido fuente de varios comentarios, Sartori se preguntaba hacia dónde va la “ciencia política americana” y se respondía con cierto laconismo: no va a ningún lado. De acuerdo con Sartori, la ciencia política normal(izada) que él mismo ayudó a forjar se caracteriza por ser anti-institucional, tan cuantitativa y estadística cómo es posible serlo y por privilegiar la investigación teórico-formal por encima de los trabajos de ciencia aplicada. Para Sartori es claro que el anti-institucionalismo es un problema en vías de extinción3. Pero los otros dos rasgos le parecen sumamente preocupantes. Por un lado, el cuantitativismo está arrastrando a la ciencia política a una falsa precisión o, lo que es peor, a una precisión irrelevante. Por el otro, la ausencia de atención a las cuestiones prácticas ha llevado a desarrollar una ciencia que es a todas luces inútil para la sociedad a la que supuestamente debería servir. En conclusión, para Sartori el modelo de ciencia política actualmente dominante es un fracaso deprimente que se hace patente al constatar que no sólo carece de método lógico, sino que, de hecho, ignora la lógica pura y simple (Sartori, 2005).
Hay que decir que los argumentos esgrimidos por el politólogo italiano no son nuevos; lo novedoso es que sea él, que tanto luchó por la imposición de una Ciencia política (con énfasis en la palabra ciencia) quien los exprese. Tal como lo dijo un politólogo mexicano comentando el artículo de Sartori: bienvenido a la oposición (Cansinoeco, 2006).
Por supuesto, las reacciones contra la defección de Sartori del campo cuantitativista y cientificista no se hicieron esperar. Algunas de las respuestas fueron extemporáneas4, pero otras volvieron sobre la vieja tónica behavioralista y sostuvieron que la ciencia política marcha hacia un futuro promisorio de la mano del saber acumulado. David Laitin, por ejemplo, acusó a Sartori de desconocer todo lo que está haciendo la ciencia política y de no ser consecuente consigo mismo. Para este politólogo, decir, como Sartori, que los métodos de la ciencia política no llevan a ningún lado, es no estar al tanto de los muchos y fructíferos programas de investigación que están en proceso. Laitin recuerda a Sartori que no todas las investigaciones se sirven de los métodos por él criticados y que, por otra parte, dado que la economía utiliza con éxito métodos estadísticos y modelos formales, es lógico que los politólogos se sirvan de estas técnicas(Laitin, 2005).
Por otro lado, Joseph Colomer, un politólogo que viene trabajando en la línea de la Teoría de la Elección Racional, se encargó de subrayar que si bien sería deseable que la ciencia política fuera más “aplicada”, la juventud de la disciplina hace esta tarea harto difícil por el momento. En la visión de Colomer, la ciencia política está aún en sus primeros pasos; si bien ya cuenta con definiciones adecuadas, debe servirse de la estadística y de los modelos formales para recolectar datos y elaborar hipótesis; sólo más adelante podrá elaborar teorías explicativas más amplias y modelos de aplicación. De acuerdo con Colomer para obtener una teoría política realmente satisfactoria, se requiere una delimitación del objeto de estudio, “gracias a la cual la política no sea considerada un mero derivado de la economía, las estructuras sociales o la cultura, sino una actividad racional explicable por sí misma”. Además se precisa “una clara definición de la motivación humana en la actividad política de la que puedan derivarse modelos y explicaciones de las observaciones empíricas”. Finalmente, agrega “hace falta adoptar un criterio consistente para evaluar los resultados de la acción política”. En suma, para Colomer, hace falta que la ciencia política sea más teórica (Colomer, 2005: 357). Pero se trata, claro, de una teoría muy particular. Siguiendo a Colomer:
…un signo evidente de debilidad teórica es que, a diferencia de lo que ocurre en economía y en otras ciencias sociales, en los estudios políticos todavía se siga colocando a los autores llamados “clásicos” en el mismo nivel —o incluso más alto— que a los investigadores contemporáneos. Por decirlo rápido, casi ningún escrito de Maquiavelo o de Montesquieu o de la mayoría de los demás habituales en la lista sagrada sería hoy aceptado para ser publicado en una revista académica con evaluadores anónimos. Cualquier persona versada en leer literatura académica contemporánea que consulte los “clásicos” debería reconocer que una gran parte de sus textos son confusos y ambiguos… puede ser formativo, en un programa de estudios políticos, presentar una genealogía de cómo se han ido formando los conceptos, las definiciones y las hipótesis a lo largo de los siglos. Pero para que realmente esto sea formativo debería mostrarse cuáles han sido las contribuciones seminales y cómo, en contraste, algunos de los conceptos de los “clásicos” son imprecisos, tautológicos o poco fecundos y muchas de sus hipótesis han resultado erróneas y han sido refutadas por la experiencia y los consiguientes estudios académicos posteriores.
Así pues, a pesar de algunos cambios importantes conseguidos por el movimiento perestroika, el establishment de la ciencia política está lejos de desaparecer. La idea de que los métodos, las definiciones y los objetos de estudio ya están definidos y que lo único que resta por hacer es continuar en la línea trazada por los “fundadores” como Riker y Downs está aún fuertemente instalada.
3. ¿Y por casa cómo andamos?
En América Latina, a pesar de que la ciencia política tiene una larga tradición, la producción académica es harto reducida5. En este sentido, parece lógico que la discusión sobre la disciplina esté apenas en sus comienzos. A pesar de que es posible encontrar trabajos sobre Argentina (Bulcourf, 2003; Fernández, et al., 2002; Leiras, et al., 2005), México (Loaeza, 2003); Brasil (Neto Amorim y Santos, 2005; Soares, 2005) y Chile (Altman, 2005; Fernández, 2005; Fuentes y Santana, 2005; Navarrete, et al., 2005; Rehren y Fernández, 2005), entre otros países6, la mayoría de los trabajos son más bien de carácter histórico o exploratorio. En este sentido, parece una tarea urgente comenzar a reflexionar sobre, y no sólo describir, el presente y el futuro de la ciencia política en América Latina en general y en Argentina en particular.
Si hemos comenzado por reflejar el debate norteamericano en lugar de hablar de la situación en nuestro país es porque pensamos que el mismo arroja ciertas enseñanzas y nos permite arriesgar algunas ideas programáticas.
En primer lugar quisiéramos señalar que, lejos de lo que parecen suponer algunos politólogos argentinos7, el debate en torno al contenido, el objeto y los métodos de la disciplina, así como sus relaciones con otras ramas del saber está lejos de haber sido saldado. El movimiento de la perestroika es una muestra clara de que aún en los Estados Unidos, las técnicas y métodos cuantitativos así como las teorías económicas de la política y los estudios comparativos están lejos de ser “el único juego en el pueblo”. La idea de que “la ciencia política es esto” (estadística, elección racional y comparaciones) “lo demás es otra cosa” (filosofía, historia, historia de las ideas, semiótica, antropología…) es no sólo falsa, sino además peligrosa para el desarrollo de la disciplina. Tal como lo muestran los exponentes del movimiento perestroika y como lo explicita Sartori, la cuestión no es tanto hallar el método correcto para el estudio de la política para aferrarse a él con uñas y dientes, sino más bien combinar los abordajes que se crean adecuados (incluso en forma competitiva) para estudiar el fenómeno que nos resulte relevante. Sin embargo, y vale la pena detenerse sobre este tema, una vez que se acepta que la ciencia política no tiene (ni debería tener) apenas un abordaje válido, la cuestión se torna bastante más problemática e interesante.
Retomemos por un momento el intercambio de ideas entre Sartori, Laitin y Colomer al que hicimos referencia más arriba. El ejemplo que estos autores usan es el de la democracia (tema central, sin dudas para la ciencia política, sea del tipo que fuere). Aunque hubo decenas de filósofos políticos que intentaron definir a la democracia, la ciencia política estadounidense (y buena parte de la latinoamericana) considera que la primera definición “científica” fue la que ofreció Robert Dahl (1989) basándose en las ideas de Shumpeter (1996). Una vez que Dahl estableció las condiciones mínimas para que pudiera afirmarse que existe una poliarquía se realizaron centenares de trabajos para averiguar cuáles eran las democracias más democráticas de acuerdo con determinados indicadores, cómo se “transitaba” desde un régimen no democrático a uno democrático, o cuáles eran los factores que ponían en riesgo a las democracias. No obstante, en los últimos años, y a raíz de la instauración de democracias en América Latina, Europa Oriental, Asia y África, la mayoría de los trabajos parecen concentrarse más bien en lo que se ha dado en llamar la “calidad de la democracia”. Ha sido esta cuestión (quizás con más fuerza que muchos planteos teóricos) la que ha puesto en la picota la definición de Dahl y a otras caracterizaciones de tenor similar. Los sistemas políticos que se instauraron en los años setenta y ochenta parecían democráticos de acuerdo con las definiciones de la ciencia política, pero eran claramente diferentes a las democracias “tradicionales”. Se volvió entonces pertinente revisar algunas de las concepciones teóricas previas; fue de este modo que surgieron conceptos como democracias de baja intensidad o democracias delegativas (O'Donnell, 1997; Przeworski, 1995). Estas nuevas categorías han sido muy fructíferas, a pesar de las críticas que recibieron, y han permitido el surgimiento de nuevas áreas analíticas que no carecen de interés (como la de la accountability). Sin embargo, vale la pena señalar que los programas de investigación concentrados en ideas como la democracia delegativa, aunque respondan a un desafío empírico y utilicen herramientas comparativas o estadísticas, reincorporan al seno de la ciencia política un debate claramente normativo acerca de la libertad, la equidad, la justicia y la buena sociedad8. Este debate normativo, claro, no se produce sólo en los términos del mainstream de la ciencia política y tampoco se limita al terreno de la filosofía política; sobrepasa las fronteras y se adentra en los debates históricos, económicos, jurídicos, sociológicos, antropológicos y hasta discursivos.
Si bien no está claro cuánto durará ni qué tanto se extenderá este “momento normativo”, lo cierto es que, al menos por ahora, la ciencia política no parece tener más opciones que “abrirse” a los distintos abordajes ofrecidos por las ciencias sociales y las humanidades y combinar métodos cualitativos, analíticos y cuantitativos en un mismo estudio, o al menos en la sumatoria de trabajos de un mismo programa de investigación (véase por ejemplo O'Donnell, 2003). Ahora bien, el que no haya un único método adecuado para el estudio de los fenómenos políticos no significa que los trabajos de ciencia política deberían carecer por completo de método. La “rigurosa ausencia de métodos rigurosos” es algo, que como señala Soares (2005) parece pasmosamente habitual en América Latina y haríamos bien en preocuparnos por ella.
Muchos de los críticos de la ciencia política cultivada por el establishment se oponen al uso de los métodos cuantitativos por considerarlos poco adecuados para el estudio de la política o por oposición ideológica. Con respecto a esta última idea no es mucho lo que se puede decir, salvo volver sobre la vieja idea de que los métodos cuantitativos, como la matemática, la lógica formal o la lógica hegeliana no son ni de izquierda ni de derecha, ni liberadores ni imperialistas9. Aunque la experiencia muestre que son utilizados mayormente por los representantes de determinada posición política, nada impide usar estadísticas o estudios econométricos para defender posiciones exactamente contrarias. Además, es claro que hay cuestiones (como la igualdad socio-económica) mucho más sencilla y provechosamente analizables por medios cuantitativos (como el índice Gini) que cualitativos.
Por supuesto que hay problemas que no pueden ser abordados por medio de métodos cuantitativos. Aún con el aumento del poder de cálculo y almacenamiento de los equipos informáticos (que permiten, por ejemplo, los análisis bibliométricos) son muchas las áreas que precisan ser afrontadas por métodos analíticos o cualitativos. El problema es que los politólogos argentinos también estamos poco preparados en ese área. Infelizmente, no son pocos los que a los métodos cuantitativos le oponen, en lugar de los métodos cualitativos, la ausencia total de métodos. Esto se debe en parte al alejamiento de la ciencia política de otras áreas de saber, como la antropología, la filosofía o las letras (en seguida volveremos sobre ello). Pero también influye una falta de preparación sistemática en técnicas como el análisis del discurso, la contextualización de ideas, las entrevistas en profundidad, las etnografías, la observación participante y los “focus groups”. Aunque no hay recetas mágicas para paliar este problema, no está de más subrayar lo positivo que podría ser al respecto introducir ciertos cambios en la currícula (ya sea de grado o posgrado) para dar cabida a algo más que los métodos estadísticos o los modelos de la elección racional.
Decíamos recién que uno de los orígenes de las falencias metodológicas de la ciencia política argentina se debe muy probablemente al alejamiento (formal y en muchos casos físico) de los politólogos de sus colegas de otras disciplinas afines. Esto nos lleva señalar la cuestión de la interdisciplinariedad de los estudios políticos. Tal como ya lo vienen señalando varios analistas, los trabajos de ciencias sociales y humanidades no son ya disciplinares, sino temáticos. La investigaciones realizadas en las últimas décadas parecen estar dando por tierra con la idea del “objeto de estudio” o el “método” propios de una determinada ciencia. Muchas de las investigaciones más interesantes que se están llevando a cabo implican la participación conjunta de profesionales formados en distintas áreas de estudio. Aún cuando nuestro objetivo sea un estudio más teórico que empírico, nos podemos beneficiar mucho (y beneficiar a la sociedad que es la que nos paga) si logramos establecer puentes de colaboración con otras disciplinas. Puedo poner aquí un ejemplo personal. Durante la redacción de mi tesis de doctorado, que se planteaba como meta establecer una suerte de contrapunto entre el liberalismo clásico y el neoliberalismo, tomando como representantes de uno y otro a John Locke y a Robert Nozick, no sólo me beneficié de mis conversaciones con politólogos, economistas y filósofos (lo que era esperable), sino también de seminarios dictados por pedagogos. De hecho, fue una licenciada en educación la que, sin saberlo, me proporcionó una de las claves de lectura que sería fundamental para elaborar mi hipótesis principal sobre el carácter republicano de Locke (para los curiosos, diré apenas que esa educadora mencionó casi al pasar las diferencias entre la educación para los hijos de los caballeros y la “ortopedia” a la que eran sometidos los hijos de los pobres que estaban presentes en la teoría pedagógica del siglo XVII.
Hay que reconocer que establecer lazos de conexión no es fácil, sobre todo para quienes trabajan en instituciones presas de la lógica disciplinar. Sin embargo, el esfuerzo merece claramente la pena. Además, debe considerarse que, en la actualidad, las fuentes de financiamiento están privilegiando los proyectos de investigación interdisciplinarios y la conformación de redes académicas, por lo que la oportunidad para comenzar a andar este camino está por lo menos abierta.
Ahora bien, si es cierto que la interdisciplinariedad acarrea ventajas, también parece claro que, hasta ahora, la ciencia política ha venido andado el camino opuesto. Lejos de ampliar sus horizontes, ha ido cerrándose sobre sí misma, desprendiéndose en el camino de áreas que antaño era partes centrales, como las relaciones internacionales y la administración pública. Obviamente, este fenómeno de “hiper-especialización” no es privativo de nuestra disciplina. La economía (que para muchos politólogos representa un ideal a seguir) ha experimentado un fenómeno similar, separando las carreras de economista de la de contador, administrador de empresas y actuario.
Aunque es materia de discusión si el divorcio de especialidades ha causado beneficios o perjuicios a la economía, lo cierto es que en este punto no parece un buen ejemplo para la ciencia política actual. Si Sartori tiene razón (y parece tenerla) en lo que respecta a la deficiencia de la ciencia política para producir “ciencia aplicada”, al menos una parte del problema se origina en el alejamiento de la ciencia política de las cuestiones de administración pública. En este sentido, reincorporar los grandes temas de la administración pública puede ser un paso más que beneficioso. A este respecto cabe señalar que, más que en la economía (que a pesar de las afirmaciones de muchos economistas y politólogos no ha avanzado de modo exponencial en el último siglo) deberíamos tratar de inspirarnos en una de las “ciencias duras” que revolucionó el mundo en las últimas décadas: la biología. Durante el siglo XIX, los naturalistas estudiaban química, botánica o zoología. Con el siglo XX y la “aparición” de los microorganismos, las tres ramas se unieron en una única disciplina que ha tejido fructíferos lazos con la medicina, la agronomía, la ingeniería, la física, la química inorgánica y hasta con la sociología y la economía. Convenimos en que la reincorporación de las problemáticas de la administración pública en aquellas instituciones en las que ambas áreas se han separado no es un tarea sencilla. Sin embargo, si queremos que la ciencia política importe, quizás se una tarea ineludible.
Nuestro espacio ya se agota. Pero antes de poner el punto final, quisiera volver a mencionar la cuestión de la falta de discusión al interior de la disciplina en nuestro país. Como mostramos, a pesar de que los intentos de cambio han sido sistemáticamente resistidos por parte del establishment la academia norteamericana tiene un lugar de debate (y en última instancia de confrontación) para dirimir de modo más o menos participativo muchos de sus diferendos internos. En la Argentina, aunque existe la SAAP y aunque cada vez es más rápida la circulación de los politólogos entre distintas unidades académicas, este lugar de encuentro y debate brilla por su ausencia. El problema no parece ser la ausencia de una institución a imagen y semejanza de la APSA (sobre la cual habría mucho que decir y no todo ello bueno), sino la ausencia de un foro público en el que la discusión no boye entre la banalidad institucional entre colegas y los enfrentamientos ideológicos y personales entre contrincantes imposibilitados de sopesar argumentos. Generar ese espacio (siquiera en forma virtual, como el de una publicación periódica) es, me parece, la lección más importante de la perestroika.
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1 Hay que notar que a Almond también le preocupa la ideología claramente conservadora de la teoría de la elección pública, especialmente en la vertiente de la escuela de Virginia liderada por Buchanan y Tullock.
2 En el blog de los adherentes a la perestroika es común leer expresiones como “rat choicer” o mostrar la connivencia de buena parte de la élite académica (sobre todo la relacionada con la Ivy League) con el gobierno de George W. Bush.
3 En este sentido, el tan mentado “regreso del Estado” no es más que un reconocimiento de que las instituciones importan (Evans, et al., 1985). Pero se trata de un regreso algo extraño… Al fin y al cabo el Estado sólo se había ido para quienes se enfocaban apenas en individuos o comportamientos grupales sin prestar atención al mundo en el que sus actores se movían.
4 El Director de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Fernando Pérez Correa, llegó a afirmar que Satori ya no se encontraba en pleno uso de sus facultades mentales (véase un comentario en Cansinoeco, 2006).
5 Aunque recientemente la ciencia política parece haber experimentado un período de efervescencia (que incluye un claro aumento de su visibilidad académica y lega), la producción vernácula no alcanza ni por asomo cuotas de cantidad y calidad similares a las que ostentan los países centrales.
6 Un número especial de la Revista de Ciencia Política de Santiago de Chile (el volumen 25, de 2005) incluyó monografías sobre los países mencionados y además sobre Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, Honduras, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela.
7 Véanse algunos ejemplos ilustrativos de esta actitud en el site “Ciudad Polìtica”: www.ciudadpolitica.com.
8 Para O’Donnell, por ejemplo, la calidad de las democracias debería medirse por la forma en que se alejan o se acerca a los ideales de libertad e igualdad propuestos por las democracias noratlánticas. Así, se podría decir que, para mantenerse en su carácter “científico”, la ciencia política no tiene otro remedio que volver a sus raíces y recomenzar a discutir las mismas cuestiones que vienen ocupando a la teoría política desde hace siglos.
9 Que nos disculpen los frankfurtianos, pero no creemos que el uso de ciertos métodos o lenguajes nos obligue a llegar siempre a ciertos resultados o conclusiones.
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