El 18 de junio de 2008 el Parlamento Europeo aprobó la ley de expulsión de ilegales, llamada "Directiva Retorno". Entre otras medidas, dicha ley permite que los inmigrantes en situación irregular puedan ser detenidos, sin que se requiera la orden de un juez, por un período de hasta 18 meses, en centros de retención para inmigrantes -son cerca de 170 centros en toda la Unión Europea (U.E.), la gran mayoría en condiciones inhumanas-, antes de ser deportados a sus países de origen, prohibiéndoseles, además, retornar a la U.E. durante un período de hasta cinco años. Con esta nueva ley, aproximadamente 8 millones de inmigrantes extracomunitarios indocumentados de toda la Unión Europea (U.E.) podrán ser detenidos, encarcelados y luego expulsados, sin que se respeten sus derechos a un juicio justo.
Paralelamente, desde hace años la Unión Europea promueve la liberalización del comercio internacional a través de la firma de TLC (Tratados de Libre Comercio) y los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI). Ejemplo de ello son los acuerdos regionales como el que se encuentra en etapa de negociación entre la U.E. y el Mercosur, los TLC firmados con Chile y México, las negociaciones que mantiene con los países de América Central y la Región Andina, o el impulso por reflotar las negociaciones en el marco de la OMC (Organización Mundial de Comercio).
Aunque en las negociaciones previas se hable de “diálogo político”, de “cooperación para el desarrollo”, de “participación de la sociedad civil”, el objetivo de los tratados de libre comercio impulsados por los países centrales, entre ellos la U.E., no es otro que el de crear o profundizar el mecanismo por el cual, a través de la eliminación o reducción de la capacidad regulatoria de los estados nacionales en materia impositiva, laboral y ambiental, se permita a las empresas transnacionales, en su inmensa mayoría pertenecientes a los países del llamado primer mundo, la libre circulación de sus mercaderías y capitales a través del mundo, favoreciendo la extracción de nuestros recursos naturales y financieros hacia sus países de origen.
Por un lado la U.E. restringe la entrada y permanencia de personas extracomunitarias en su territorio. Por el otro, promueve la absoluta libertad de circulación de mercaderías y capitales, dentro y fuera de su territorio. La contradicción entre las "restricciones" a la circulación de personas y la "libertad" de circulación de mercaderías y capitales, es sólo aparente. En realidad son las caras de una misma moneda, la globalización neoliberal. Los inmigrantes que pretende expulsar la U.E. con su nueva ley son el fruto de las políticas de libre comercio aplicadas en los países del tercer mundo. El libre comercio, en donde se lo ha aplicado, ha generado la concentración y extranjerización de las economías en manos de los monopolios, y la consecuente exclusión y pobreza de las grandes mayorías, en especial de las mayorías pertenecientes a los países cuyos habitantes pretenden ingresar, legal o ilegalmente, a los países de la U.E., entre otros.
Desde ATTAC Argentina consideramos que la solución no pasa solamente por oponerse exclusivamente a la nueva ley anti-inmigrantes, llamada "Directiva Retorno", por ser ésta violatoria de los más elementales derechos humanos, sino por luchar al mismo tiempo contra las causas socio-económicas que provocan que millones de personas del tercer mundo intenten desesperadamente emigrar de sus países hundidos en la pobreza e ingresar a los países centrales en busca de un mínimo de oportunidades, aun a riesgo de morir en el intento.
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